San Juan 08:55 30/10/2020 - elinformadordecuyo@gmail.com
Este sería el fin de una de las ocupaciones de tierras más mediáticas en Argentina en los últimos meses. En medio de la ira y la tristeza de decenas de familias que ocuparon un terreno privado en un intento por tener un lugar para vivir, alrededor de 4.000 policías derribaron los campamentos improvisados armados con plásticos y palos, algunos de los cuales ardieron en llamas.
El escenario fue un terreno en la localidad de Guernica, a unos 30 kilómetros de Buenos Aires, la capital argentina, a donde los uniformados llegaron con una orden judicial luego de que los propietarios de las tierras acudieran a los tribunales para reclamar la propiedad. Los enfrentamientos se desataron entonces entre los ocupantes, que lanzaron piedras, y las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos.
"Fue desesperante, personas llorando, chicos, ancianos y nos les importó nada, los policías quemaban las casas, quemaron todo, vinieron de sorpresa", dijo Aída Mabel, una de las personas que ocupaban el lugar. Cientos de familias llevaban más de tres meses viviendo en chozas en este lugar, en un reflejo de la creciente pobreza.
La pandemia y los bloqueos destinados a detener la propagación de la pandemia del Covid-19 han agravado los problemas económicos para miles de ciudadanos en el país.
"Me quemaron todo, quiero que me devuelvan mis cosas, estoy con mucha bronca, los policías me pegaron a mí y a mi marido", contó Axi Villafuente, una mujer de 24 años.
"Nos ofrecieron ir a un albergue, pero nosotros no queremos ir"
Desde finales de julio este lugar llegó a albergar cerca de 3.000 personas.
La mayoría de ellas ya se había marchado, tras firmar un acuerdo con las autoridades para abandonar la propiedad. A cambio, recibieron materiales de construcción y dinero para pagar el alquiler.
Esta medida fue rechazada por algunos miembros de la oposición y decenas de ciudadanos en redes sociales que consideran que eso significa "premiar" a los "usurpadores" de tierras.
Otros, en cambio, refutaron el desalojo al señalar una represión policial contra personas menos favorecidas.
"El Gobierno de la provincia de Buenos Aires hace más de 30 días que está trabajando en el lugar, por esa razón se logró que el 80 % de las personas que estaban allí accediera a retirarse pacíficamente de la toma, con las alternativas que le planteó el Gobierno", dijo la ministra de Gobierno de la provincia, Teresa García.
Aún quedaban alrededor de 200 personas cuando se produjo el retiro forzoso este jueves pasado.
"Salimos con la ropa puesta (...) nos ofrecieron ir a un albergue, pero nosotros no queremos ir, queremos estar acá, estaremos en la calle y volveremos a entrar", cuenta Marisa, una empleada doméstica que se quedó sin trabajo luego del aislamiento obligatorio que comenzó el 20 de marzo en este país, como parte de las medidas impuestas por el Gobierno para mitigar la propagación del virus.
