A través del Decreto 499/18, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional observó la norma sancionada por el Congreso. En sus argumentos, el Ejecutivo defendió su política tarifaria y cuestionó el costo fiscal de la iniciativa opositora.
El Gobierno nacional oficializó este viernes el veto a la ley de emergencia tarifaria (N° 27.443), a través del Decreto 499/18, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabiente, Marcos Peña, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Con los mismos argumentos comunicados ayer al Parlamento, el Ejecutivo defendió su política tarifaria y cuestionó el costo fiscal que implicaría la iniciativa opositora.
En ese sentido, señaló que “el proyecto de ley sancionado no contempla el impacto fiscal de la medida”. El Gobierno cita un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según el cual la norma “tiene un costo fiscal de 65.886 millones de pesos” durante 2018, pero “deben agregarse las variaciones del tipo de cambio ocurridas desde abril de 2018, el aumento del precio internacional del petróleo crudo en igual período y sus impactos sobre los subsidios”.
Por eso, el decreto sostiene que el costo fiscal total “superaría la suma de 115 mil millones de pesos” para este año, “monto que representa aproximadamente el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB)”. En los fundamentos del veto también se enfatiza que “la norma sancionada significa un avance del Poder Legislativo sobre atribuciones propias del Poder Ejecutivo Nacional”.
Macri asimismo defendió su gestión energética, al indicar que “las políticas adoptadas desde diciembre de 2015 disponen un proceso de recomposición paulatina del régimen tarifario, que permita salir del sendero de dispendio (de subsidios y consumo), restablecer un régimen tarifario justo y equitativo, alentar la producción, lograr inversiones que mejoren los servicios y hacer un uso responsable de recursos energéticos, reduciendo impactos negativos sobre el ambiente”.
En cambio, la ley impulsada por la oposición “propone regresar a una política contraria al desarrollo y al uso racional y sustentable de los recursos naturales; una política violatoria del derecho humano a un ambiente sano, y que impide además la provisión de servicios públicos eficientes y de calidad”, consideró.
En otro pasaje del decreto, el Gobierno también subrayó que la sanción de esta norma “implica un límite a la discrecionalidad del Poder Legislativo, que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional, redundando finalmente en un perjuicio para la sociedad en su conjunto”.
