El juez Rafecas recibió una pericia que revela que hubo un direccionamiento para entregar la construcción de un gasoducto a la brasileña.
Un fondo fiduciario millonario para una obra detenida por el actual gobierno y sospechada por corrupción y sobreprecios, complica a las ex autoridades del desarmado ministerio de Planificación Federal que dirigió Julio De Vido. El juez Daniel Rafecas en la causa del gasoducto que construyó Odebrecht, avanza sobre las responsabilidades institucionales para “favorecer a la constructora que ganó la obra”.
Un nuevo informe y nuevas medidas de prueba refuerzan esta tesis: un direccionamiento y manipulación del pliego licitatorio por parte de ex funcionarios. La nueva documentación incorporada a la causa consignó que el gasoducto norte y sur después de 72 actuaciones administrativas, tuvo “un marcado direccionamiento para beneficiar a Odebrecht”, investigada por pagar coimas por 35 millones de dólares en nuestro país.
Según manifiesta la información enviada, en los primeros expedientes del 6 de julio de 2005 ENARGAS manejaba un valor de obra de 1.427 millones de dólares. La cifra fue en constante aumento a través de las actuaciones libradas por la entonces secretaría de Energía que dirigió Daniel Cameron, ENARGAS con el aval del Ministerio de Planificación, siempre bajo la conducción de Julio De Vido.
La primera etapa pasó de U$S 827.960.000 a U$S 1.182,270.000. “No se encontró documentación que justificara las diferencias de costos entre etapas”, señaló el informe pericial. La Justicia sospecha de un sobreprecio de US$ 800 millones. La pista no termina ahí. “En cada paso administrativo hay responsabilidad de quienes dirigieron Planificación Federal” destacó una fuente judicial.
