El juez federal Sebastián Casanello dispuso un allanamiento en la sede argentina de la empresa Odebrecht, en el marco de la causa que investiga el supuesto pago de sobreprecios y coimas en la construcción de una planta de Aysa en Tigre. Se trata de la causa por sobreprecios de $ 300 millones así como por el pago de sobornos para ganar la licitación.
El operativo tuvo lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en Alem al 800, de la Capital Federal, a fin de recolectar registros de la obra. Fuentes judiciales informaron que antes de ordenar ese procedimiento, el magistrado decidió fijar el secreto de sumario sobre la investigación. Tras el procedimiento, la empresa difundió un comunicado en el que recordó que semanas atrás "ofreció colaborar en forma amplia y definitiva con las investigaciones" judiciales que tramitan en el país.
"La Constructora Norberto Odebrecht confirma el allanamiento realizado en su oficina, en Buenos Aires, el día de hoy en el marco de la causa 1614, que tramita en el juzgado federal 7", señaló la compañía. Y resaltó: "La empresa se había presentado el día 9 de mayo en el mismo Juzgado y ofreció colaborar de forma amplia y definitiva con las investigaciones. La empresa reafirma su posición en colaborar con la Justicia y espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente".
En el marco de esta causa declaró semanas atrás el "arrepentido" del Lava Jato de Brasil, Leonardo Meirelles, aunque sus dichos también se refirieron a los supuestos pagos ilegales a Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Los directivos de Odebrecht ofrecieron en esta causa una réplica del acuerdo de colaboración que cerraron con la Justicia de Brasil, mientras que el fiscal federal Federico Delgado les dio este martes un plazo de cinco días a las autoridades de la compañía para que realicen un ofrecimiento concreto, ya que al presentar el acuerdo que hicieron en Brasil no explicaron cómo se materializaría.
El allanamiento ocurrió en el mismo día que se conoció una pericia de la Policía Federal entregada a la Justicia, que confirma que se borraron al menos 260 archivos de la computadora que utilizaba el principal directivo de la brasilera Odebrecht, los cuales tendrían información vinculada al soterramiento del tren Sarmiento. La pesquisa se llevó a cabo en una de las causas por el escándalo Odebrecht que tuvo réplica en nuestro país, donde se investiga al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y su exasesor Manuel Vázquez, en torno a la obra que se le entregó a la firma brasilera y a IECSA, que estuvo encabezada por Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. La computadora fue peritada por orden del juez Marcelo Martínez De Giorgi para intentar dar con información de correos electrónicos y archivos sobre obras públicas y empresas offshore. Según el informe de la División Apoyo Tecnológico Judicial a pedido del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Franco Picardi, la notebook que utilizaba Mauricio Couri Ribeiro, principal directivo de Odebrecht en el país, tenía información que había sido borrada.
