San Juan 12:22 5/9/2025
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El Gobierno nacional resolvió suspender provisoriamente las bajas de las pensiones por discapacidad mientras se lleva adelante una auditoría integral en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que fue intervenido tras el escándalo de corrupción que involucró a su exdirector, Diego Spagnuolo.
La decisión fue adoptada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien mantiene reuniones periódicas en la Casa Rosada con el asesor presidencial Santiago Caputo para informar sobre el avance del reordenamiento del área.
Según confirmaron fuentes oficiales, la medida apunta a revisar tanto el proceso de control de pensiones como las compras y la estructura administrativa del organismo.
Hasta ahora, la ANDIS había dado de baja 128.667 pensiones, de las cuales 110.522 correspondían a beneficios mal otorgados, 8.107 a personas ya fallecidas y 10.038 a beneficiarios que habían renunciado.
Estas medidas fueron anunciadas meses atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien había señalado que la auditoría abarcaría a más de un millón de casos.
Sin embargo, la publicación de audios de Spagnuolo -en los que reconocía sobreprecios en la compra de medicamentos- cambió los planes.
Tras conocerse esas grabaciones, no solo se resolvió intervenir la ANDIS, sino también pausar las bajas en curso y revisar las más de 120 mil ya ejecutadas.
“Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura.
En función de eso se tomarán medidas a seguir”, explicó a la web de Infobae una fuente cercana a Lugones.
Mientras dure este proceso, no se realizarán citaciones ni controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios que actualmente cobran el beneficio por invalidez laboral.
De todos modos, desde el Gobierno aclararon que “técnicamente el procedimiento de bajas o altas de pensiones no se pausó”, ya que la ANDIS “sigue trabajando”, aunque cualquier resolución dependerá de los resultados de la auditoría.
La intervención también frenó una propuesta que analizaba convertir a la ANDIS en una dependencia del Ministerio de Salud. Ese cambio buscaba transparentar las compras y licitaciones, dado que la agencia, al ser un organismo descentralizado, administraba su propio presupuesto.
Fuentes oficiales reconocieron que, antes de la intervención, “los números quedaban bajo disposición del director” sin control ministerial.
No obstante, llevar adelante esa reforma ahora resulta más complejo, ya que el Ejecutivo perdió las facultades delegadas en materia administrativa que tenía bajo la Ley Bases, por lo que cualquier modificación estructural debería pasar por el Congreso.
La suspensión de las bajas se conoció en paralelo a la derrota política que sufrió el Gobierno en el Senado, donde la oposición logró -por primera vez en más de dos décadas- revertir un veto presidencial.
Con 63 votos a favor y solo 7 en contra, la Cámara alta insistió con la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La norma reformula el sistema de pensiones no contributivas y actualiza aranceles y compensaciones económicas.
El presidente Javier Milei ya adelantó que considera que la medida afecta el equilibrio fiscal y evalúa judicializar la norma para evitar cumplir con los aumentos previstos.
En este marco, el futuro de la política de pensiones por discapacidad quedó condicionado a la auditoría en la ANDIS, cuyas conclusiones definirán si continúan las bajas o si se implementa un nuevo esquema de control y otorgamiento.