 |
| La jueza Preska no hizo lugar al pedido del gobierno de Javier Milei de prolongar la presentación de garantías ante la pérdida del juicio por la expropiación de la petrolera estatal, que llevaron adelante Cristina Kirchner y Axel Kicillof en 2012. |
San Juan 18:06 11/1/2024
elinformadordecuyo@gmail.com
Revés judicial para el Gobierno argentino en los Estados Unidos (EE.UU.), ya que el tribunal del distrito sur de Manhattan, que preside la jueza, Loretta Preska, rechazó el pedido de extensión de los plazos para presentar las garantías ante la pérdida del juicio por la expropiación de YPF.
Con esta decisión Argentina se expone a recibir embargos de distintas propiedades por parte de la justicia estadounidense si no abona los casi 16.000 millones de dólares al fondo de invención Bufard, dueño de la demanda contra el país.
Es que tras asumir el poder, Javier Milei realizó una presentación a través del estudio Sullivan & Cromwell LLP, firma que representa a la Argentina en el caso, para extender la fecha límite que era el 10 de enero del 2024, para la presentación de los avales de pagos.
Sin embargo, la magistrada a cargo del caso por la expropiación de la petrolera estatal rechazó la extensión y consideró la pasada fecha como el límite. La decisión se basó en que los fondos demandantes le enviaron una carta a Preska en la que plantearon que ya pasó un “plazo de tiempo razonable” desde la sentencia del 15 de septiembre 2023 y que están listos para embargar y ejecutar activos.
En ese contexto, la respuesta de la defensa de Argentina sostuvo que: “Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en los Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos”.
Vale recordar que todo inició en 2012 cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner y su ministro de Economía, Axel Kicillof, expropiaron la petrolera al grupo español Repsol, para re estatizarla.
En ese momento por la falta de pericia del hecho, la firma inició una demanda en Nueva York, ya que la compañía cotizaba en la bolsa.
Al pasar los años, la firma española abandono el caso y se lo vendió al fondo de inversiones británico Buford Capital, quienes siguieron adelante con la demanda y lograron una sentencia favorable que obliga a la Argentina a pagar unos 16 mil millones de dólares en compensación.
