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| La AGN hizo un seguimiento sobre la compra de insumos, equipamiento y personal alrededor de un presupuesto de 4.500 millones. |
San Juan 09:59 26/12/2022
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Sigue la polémica por los contratos que realizó el Gobierno con diversos laboratorios para la adquisición de las vacunas contra el COVID durante la pandemia.
Al informe reservado de la Auditoría General de la Nación (AGN) se le sumó ahora un documento del Colegio de Auditores.
Se revelan severas fallas, desprolijidades y manejo poco transparente en las contrataciones para obtener insumos.
La semana pasada se aprobó un informe sobre contrataciones públicas de emergencia para atender la pandemia durante los años 2020 y 2021.
Allí se revelaron graves irregularidades en la compra de insumos, el llamado a licitación para atender el virus y llamativos incumplimientos administrativos.
El documento de la AGN al que tuvo acceso El Cronista no contempla la revisión de los contratos de vacunas que se evaluó por separado y que por un informe secreto del oficialismo ahora la oposición quiere llevar a la Justicia.
“Entre los resultados de las licitaciones analizadas se observaron incumplimientos en los procedimientos administrativos, tales como la falta de presentación de la Declaración Jurada de Intereses, insuficiencia de vinculación con sus respectivos expedientes de pago, errores de confección y la falta de informe por parte de la Dirección de Contabilidad y Tesorería.
Todo esto es muy grave”, explicó el auditor radical Alejandro Nieva.
En varias contrataciones se presentan “errores de confección”. Es decir, se incluye documentación que no se vincula con el expediente u otros relacionados con la compra y documentación faltante en el expediente.
También surgieron “diferencias entre las notas de créditos emitidas y el anticipo financiero previsto en los contratos”.
En varios casos, el gasto autorizado por la Subsecretaría de Gestión Administrativa para comprar insumos médicos exceden el monto que la norma habilita a autorizar, que es de $ 24 millones.
En esos casos lo superan y suman más de $ 113 millones, lo que no está autorizado.
