San Juan 13:00 16/8/2022
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La fiscal federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado sumó condimentos a los lanzados días atrás por la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y reveló que ex funcionarios del ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo intercedieron para correrla de causas donde investigaba a policías, funcionarios judiciales y representantes de fútbol por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La fiscal comenzó explicando que, desde que asumió en 2006, nunca la habían apartado de una investigación hasta que avanzó sobre el fiscal Claudio Scapolán, mencionado días atrás por “Lilita”, quien había asegurado que Ritondo lo defendía con el objetivo de mantener un “sistema de impunidad en San Isidro”.
Al respecto, la ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, comenzó: “En diciembre pasado me apartaron después de todo un año de intentos en un expediente en el que investigaba a un fiscal provincial, a sus funcionarios, a los más directos colaboradores y a una veintena de policías bonaerenses de alta jerarquía de las DDI de La Plata, Quilmes y Tigre”, contó.
“Investigo, avanzo y llego al procesamiento con prisión preventiva de policías que debían investigar el narcotráfico pero eran socios del narcotráfico. Y me recusan dos letrados con aceitados contactos políticos.
Uno de ellos había sido funcionario del ministerio de Seguridad durante la gestión de María Eugeniai Vidal. Los abogados que tenía este fiscal provincial, uno de ellos fue jefe de Gabinete de Cristian Ritondo, y el otro fue asesor de Monzó”, lanzó.
Pero las acusaciones no terminaron ahí: “A los seis meses soy apartada de otra investigación en la que venía a cargo desde hacía tres años. Cambian de abogado y, también, un asesor de Ritondo, Marcelo Rochetti, quien me recusa en una causa de lavados de activos contra un representante de fútbol“, siguió Arroyo Salgado.
Marcelo Rochetti, mencionado por Arroyo Salgado, supo ser el abogado del líder de La 12, Rafael Di Zeo, en una causa en 2007 donde se lo había condenado a cuatro años y tres meses de prisión por “coacción agravada por el uso de armas” a raíz de los disturbios del 3 de marzo de 1999, en ocasión de un “amistoso” entre Boca y Chacarita, disputado supuestamente a puertas cerradas.