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| Jaime Mecikovsky declaró en el juicio conocido como Vialidad, que tiene a la vicepresidenta entre sus acusados por el presunto direccionamiento a favor del empresario santacruceño. |
San Juan 12:39 22/2/2022
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Jaime Mecikovsky, uno de los funcionarios de más alto rango dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Alberto Abad, declaró hoy en el juicio de Vialidad Nacional, en el que se investiga a las tres gestiones kirchneristas por el presunto direccionamiento de recursos para beneficiar al contratista santacruceño Lázaro Báez.
El ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior comandó el área que controlaba a los contribuyentes del interior del país y dio explicaciones sobre una investigación profunda que realizó sobre Austral Construcciones y el grupo de Báez.
La citación a Comodoro Py 2002 ocurre luego de que la AFIP denunciara ante la Justicia que Cristina Kirchner y sus hijos habían sido víctimas de “hostigamiento fiscal” durante la gestión de Cambiemos.
Mecikovsky, uno de los señalados por Marcó del Pont, afirmó que el organismo basó su denuncia en una auditoría adulterada, que quienes la desarrollaron se negaron a firmarla y que por eso fueron desplazados de sus cargos. La vicepresidenta es la principal acusada en el juicio de Vialidad.
Las preguntas del fiscal Sergio Néstor Mola centraron su atención en el periodo comprendido entre 2003 y 2018 al referirse si habían directivas generales para las direcciones regionales y posibles hechos de evasión.
El contador aludió que durante esos años “no menos de dos veces al mes estaba de viaje en alguna jurisdicción” y que “sí” había distintas normativas generales para que “cada director general debía ser el administrador de la región, y conocer dónde están lo mayores riesgos de evasión”. Y agregó: “Se debía suministrar la información mes a mes en función de los 10 casos más relevantes y conocerlos para elevar a jurisdicción general”.
En el ultimo bimestre de 2018, Mecikovsky contó que fue convocado de oficio por la Fiscalía 11 para analizar los expedientes dada su experiencia y conocimientos en la materia y determinar “el impacto que pudieron haber tenido con la facturación apócrifa de 500 millones pesos en relación a otros delitos” por la terciarización de fondos de la obra publica desde Austral construcciones a la empresa Gotti S.A.
“Ese dinero venía del presupuesto de la obra pública para pagar a los proveedores de Gotti, es una maniobra de lavado que se complementa por haber puesto un sujeto intermedio que imposibilitó el rastreo intermedio de los activos”, declaró Mecikovsky. ”Los ingresos de Gotti que vienen de la obra pública y se van a otros destinos, llevan a pensar que hay sobreprecios”, reconoció .
Con información de LN
