San Juan 12:14 11/8/2020 - RedacciónSanjuan@
Las entidades que representan a los inquilinos reclamaron al gobierno de Alberto Fernández que extienda hasta marzo del año que viene el plazo que impide el desalojo, asegura la prórroga de contratos y aplaza aumentos en los alquileres.
La fecha límite, según el decreto presidencial firmado en el comienzo de la cuarentena, es el 30 de septiembre.
Pero las entidades argumentan que no sólo se produjo un grave deterioro en la capacidad de pago del alquiler, sino que además, es alto el porcentaje de inquilinos que tuvo problemas para pagar los gastos de vivienda.
El decreto 320, sancionado el 29 de marzo, definió la suspensión de los desalojos en todo el país y el congelamiento de los precios de los alquileres según el precio abonado en marzo. La diferencia en el precio de alquiler pagado y el que regirá con los aumentos sería abonados en cuotas a partir de octubre.
Además, estableció la prórroga de contratos para aquellos cuyo vencimiento operaba a partir del 20 de marzo, y las medidas tienen como vencimiento el 30 de septiembre.
Adicionalmente, a finales de junio se sancionó la ley de alquileres, número 27.551, que entre otras cosas reemplaza el aumento semestral por ajustes anuales, que se realizan en torno a una fórmula compuesta por la evolución de los salarios y la inflación medida por el Indec. Además, el plazo mínimo de contrato se amplía de dos a tres años.
Durante estos meses, el decreto presidencial tiene un impacto mucho más potente que la ley, porque ésta última afecta a los nuevos contratos, que fueron menores a lo habitual en el marco de la cuarentena y con la prórroga automática definida por el decreto.
Desde la Federación de Inquilinos advierten que "hay 400 mil hogares que acumulan deuda de hasta cuatro meses. El desalojo masivo está frenado por el decreto".
Según Fernando Muñoz, a cargo del área del Inquilino de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, "hay muchas consultas de parte de inquilinos en relación al decreto, especialmente por el tema de la prórroga de los contratos hasta el 30 de septiembre".
"Las inmobiliarias presionan para no prorrogar los contratos y que entonces se tenga que firmar un nuevo contrato, lo cual es muy favorable para el propietario, que allí puede fijar nuevos precios. Los reclamos de inquilinos aumentaron un 50% en julio con respecto a marzo y la mitad de las quejas están vinculadas a incumplimientos del decreto", agregó Muñoz.
En una línea similar está la encuesta organizada por la Federación de Inquilinos, que marca que el 90% de los consultados dice que no se respeta el decreto o la nueva ley.
"El decreto se tiene que prorrogar porque empodera al inquilino y es fundamental: si no se prorroga habría una montonera de juicios de desalojo. Son muchas las consultas por imposibilidad de pagar el alquiler. Pero sería importante que se defina un organismo de aplicación. Debe haber un organismo gubernamental determinado que vele por el cumplimiento", advierte Muñoz. Las entidades de inquilinos piden una prórroga hasta marzo de las medidas que vencen en septiembre.
