Si bien el objetivo de reformar la Justicia lo explicita Alberto Fernández en su discurso de asunción presidencial ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre pasado, parece haber dejado en manos de Cristina Fernández su implementación.
San Juan 11:14 26/12/2019 - RedacciónSJ
Acariciando los dos tercios en el Senado y el quórum propio en Diputados, Cristina Fernández controla la estratégica Comisión de Acuerdos de la Cámara alta donde se discuten los pliegos de los jueces. Además, debe llenar y elegir una lista de jueces que Macri no pudo, controlar la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro, la Procuración General y la AFI. La ex SIDE es vital porque siempre tuvo mucho que ver con la presión en Tribunales. Quedaría afuera la ampliación de más juzgados por los costos que implicaría. En resumen, poco podría hacer la familia judicial ante la embestida de los Fernández.
Cristina Fernández ya reunió en sus manos todos los resortes del poder que necesitaba para cumplir con su objetivo de arremeter contra Comodoro Py mediante la implementación de una reforma que todavía no se conoce en detalle pero que apunta a la fusión con penal económico y tributario (lo que desembocará en una duplicación de los juzgados federales de instrucción); acelerar la implementación del Código Procesal Penal y consumar el sistema acusatorio a favor de los fiscales diluyendo el poder de los jueces; prórroga de jurisdicción de los principales juzgados federales del conurbano y “federalizar” a los juzgados penales nacionales de la Capital Federal.
Si bien el objetivo de reformar la Justicia lo explicita Alberto Fernández en su discurso de asunción presidencial ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre pasado, parece haber dejado en manos de Cristina Fernández su implementación.
Es a ella a quienes responden los funcionarios designados en los puestos claves para controlar y cambiar Comodoro Py, a quien la ex mandataria responsabiliza por implementar el lawfare que le valió varios procesamientos y pedidos de prisión preventiva que no se consumaron por sus fueros parlamentarios.
Para empezar, Cristina tiene que designar a todos los jueces de la lista que el Senado no le quiso aprobar a Mauricio Macri. Luego, la vicepresidenta controlará la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta donde, además de tener mayoría, ubicó a la camporista Anabel Fernández Sagasti.
Además, le responden: la Unidad de Información Financiera (UIF) donde se designó a Carlos Cruz; la Oficina Anticorrupción ocupada por el fundador de Justicia Legítima, Félix Crous; la Procuración del Tesoro donde juró el exsecretario de a Presidencia, Carlos Zannini; la Procuración General que manejará Daniel Rafecas y a quien se recuerda por rechazar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner (su pliego con su postulación debe ser tratado por el Senado); y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que fue intervenida y donde se designó a otra integrante de Justicia Legítima, Cristina Caamaño. La ex SIDE es el organismo que tenía mucho que ver con la presión en Tribunales.
Así, el enojo de la familia judicial tiene una limitación importante, porque Cristina controla diferentes frentes desde los cuales puede accionar.
Dentro de los objetivos del Gobierno, lo que sí va a quedar de lado seguramente es la ampliación de más juzgados, por lo costoso que resultaría. Abrir la cantidad de juzgados que tiene el plan de Gustavo Béliz significa gastar muchísimo dinero adicional y pujas de poder con inevitables roces entre las provincias y la Capital Federal.
