CONFLICTO
Aeronavegantes lanzan paro nacional el 27 de diciembre

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) anunció un cese total de actividades de 24 horas. Quedarán afectados todos los vuelos de cabotaje y partidas internacionales de todas las aerolíneas.


San Juan 10:28 a.m. 21/12/2018 - RedacciónSJ

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) anunció un cese total de actividades de 24 horas para el próximo jueves 27 de diciembre, debido a reclamos como "paritarias irresueltas, despidos, precarización laboral y persecución sindical".

El sindicato que representa a tripulantes de cabina y lidera Juan Pablo Brey aclaró que debido a la medida de fuerza "quedarán de esta manera afectados todos los vuelos de cabotaje y partidas internacionales de todas las aerolíneas".

El cese de actividades será complementado con una movilización de protesta desde las 11 al Ministerio de Transporte, ubicado a metros de la Plaza de Mayo.

De concretarse, en caso de que el Ministerio de Producción y Trabajo no dicte la conciliación obligatoria, se trataría del séptimo paro en el sector aeronáutico, en medio de un conflicto que vienes desde hace semanas y que incluyó a los otros cinco sindicatos del sector.

La semana pasada, los gremios de pilotos de APLA y UALA habían anunciado una huelga en protesta por el ingreso de pilotos extranjeros para comandar vuelos comerciales en la Argentina, pero luego fue levantada por la intervención de la cartera que dirige Dante Sica.

"La responsabilidad, madurez y paciencia demostrada por los trabajadores no encuentra en ningún punto una contraparte a la altura de las circunstancias, ni dispuesta a dar soluciones", argumentó Brey en un comunicado.

Aeronavegantes calificó de "legítima" la medida ante "la absoluta falta de respuesta y apertura al diálogo exhibida tanto por parte de las empresas, como del Gobierno nacional, habida cuenta las asambleas en el lugar de trabajo con afectación de servicios realizadas por esta Asociación los días 2, 16 y 27 de noviembre, contra la actual política aerocomercial y sus consecuencias sobre las diferentes empresas y sus trabajadores".

Entre las razones y problemáticas que impulsan la medida, mencionaron la paritaria 2017 "incumplida y vencida en Aerolíneas Argentinas y Austral, cuya negociación actual se encuentra estancada y con ausencia de una política de Estado que garantice continuidad y crecimiento de la empresa".

Además, señalaron que la paritaria con LATAM Argentina se halla "sin actualización y sin oferta a una semana de su vencimiento", en el marco de un "achicamiento de la filial Argentina del holding", mientras que en la paritaria de Avianca Argentina se evidencia un "retroceso con una alerta por pérdida de fuentes de trabajo y marcha atrás en el plan de expansión".

Asimismo, el gremio aludió también a la situación general de Andes Líneas Aéreas, "con pérdida de fuentes de trabajo y salarios pagados en cuotas", y apuntó contra "la precarización laboral y persecución sindical en Flybondi y demás empresas low-cost".de todas las partes”, en tanto que la diputada Graciela Camaño dijo que era “alentador” haber “encauzado el conflicto”, y el senador Miguel Pichetto consideró que no creía “conveniente” avanzar más allá de lo que se hizo para “no generar más tensión”.

El juez Juan Manuel Culotta destacó la necesidad de que “se lo reglamente cuanto antes”, y el diputado kirchnerista Eduardo “Wado” De Pedro fue el más duro al interpretar que la ley que grava los salarios de los magistrados es “una forma de intervención del Poder Ejecutivo para disciplinar al Poder Judicial”, ya que el monto que implica “no es significativo”, y lo licúa la “inflación”, según dijo.

El titular del gremio que representa a los trabajadores del Poder Judicial, Julio Piumato, que era parte del auditorio, pidió la palabra y, tras quejarse de no haber sido convocado a participar de la negociación, recordó que “el espíritu de la ley es que ninguno de los que fueron designados jueces sea alcanzado por este gravamen”.

El convenio, anunciado por el Ministerio de Justicia, tuvo el aval de la Asociación de Magistrados, Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura, Procuración General y Defensoría General.

La ley 27.346 había sido sancionada en 2016, pero un recurso cautelar presentado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional había dejado sin efecto el descuento.