Sobre el filo del vencimiento de los plazos correspondientes para tratar el pedido que en su momento dispuso el juez Bonadio, el oficialismo quiere llevar al recinto el tema, para que el cuerpo se expida.
El mismo día en que la Cámara Federal confirmó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado como consecuencia directa de la denuncia que realizó contra Cristina Fernández de Kirchner, el oficialismo en el Senado pidió una sesión especial para debatir si la expresidenta y actual senadora nacional es desaforada o no. Cabe recordar que el juez federal Claudio Bonadio solicitó el pasado 5 de diciembre el desafuero y detención de CFK, en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA.
Precisamente la denuncia formulada por Nisman, que según el fallo de la Cámara provocó su asesinato. El pedido fue presentado por los senadores Federico Pinedo (Pro), Luis Naidenoff (UCR), Oscar Castillo (Frente Cívico), Humberto Schiavoni (Pro) y Pamela Verasay (UCR), para que se convoque a esa sesión especial para “antes del 7 de junio”, atendiendo a que según la Ley de Fueros, existe un plazo de seis meses para que el recinto se pronuncie respecto de esa solicitud, con o sin dictamen. Atento a esta situación, antes de que se venza el período correspondiente, Cambiemos quiere que el Senado se expida en torno a lo solicitado por el juez Bonadio.
Un pedido que todo indicaría que se tornó abstracto, a partir de que el Tribunal Oral Federal 8 dispuso el pasado 24 de marzo la liberación de los otros procesados y detenidos en la misma causa: los kirchneristas Carlos Zannini y Luis D’Elía. Con todo, el oficialismo siempre tuvo la decisión de definir el tema según lo que indican las normas, más allá de la posibilidad de que tras las citadas excarcelaciones la cuestión se tornara virtualmente abstracta.
Pero el oficialismo no pudo avanzar antes por la discusión en torno a las tarifas. Ahora, urgido por el vencimiento de los tiempos, solicitan que antes del 7 de junio se trate el tema, pero se aclara que se puede convocar antes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, o a Labor Parlamentaria, para definir la cuestión de interpretación de la norma que rige los plazos.
