El empresario acumuló más de $ 2200 millones en planes especiales, desde 2013, para evitar la acusación formal de evasión fiscal que debía iniciarle el propio organismo.
Desde mediados de 2013, el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray , puso el organismo a disposición de Cristóbal López para que acumulara más de $ 2200 millones en planes especialísimos de pago y evitara, de este modo, la acusación por evasión fiscal que debía iniciarle el ente recaudador.
Así surge de documentos internos de la AFIP que reflejan el tratamiento diferencial que recibieron López y su socio, Fabián de Sousa. Todo ello ocurrió mientras el Grupo Indalo acumulaba un rojo fiscal que terminó por superar, entre capital e intereses, más de $ 8000 millones por la retención indebida del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC). ¿Cómo se plasmó ese tratamiento especial? Desde recibir escritos a López y De Sousa fuera del horario de atención al público y en oficinas inusuales, según consta en las copias, hasta acumular resoluciones de funcionarios del más alto nivel de la DGI y la AFIP en plazos consecutivos de 24 horas o concederle planes de pagos por montos varias veces superiores a los aprobados por los técnicos y funcionarios de carrera del organismo.
López y De Sousa se encuentran detenidos desde el 19 de diciembre, procesados como partícipes necesarios de una multimillonaria administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional, mientras que Echegaray fue procesado como el protagonista máximo de ese presunto delito, pero continúa en libertad. Según indica la información, al igual que en el caso Ciccone, Echegaray basó su defensa en descargar toda la responsabilidad administrativa y penal en “la línea técnica” del organismo que lideraba. Argumentó que se había limitado a rubricar aquellos expedientes que habían sido antes analizados y refrendados o aprobados por el escalafón. Sin embargo, el juez federal que lo procesó junto a López y De Sousa, Julián Ercolini, rechazó ese argumento. Concluyó que les había otorgado planes especiales de pagos a los dueños del Grupo Indalo “de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo”, incluso “a sabiendas de que no correspondía hacerlo”.
En esa línea, los documentos internos de la AFIP muestran cómo Echegaray y sus colaboradores favorecieron a López y De Sousa para aprobarles los planes de pagos que ellos quisieron, por los montos que ellos mismos fijaron y por los períodos fiscales que también ellos determinaron, con prescindencia de los análisis desarrollados por los niveles inferiores del organismo. Más montos y más meses Conocidos como los planes “del artículo 32”, la ley 11.683 habilita al titular de la AFIP a otorgar planes especiales de pagos para regularizar deudas a aquellos contribuyentes “que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan” cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero tan discrecional es esa opción que Alberto Abad, tanto en su anterior gestión como en la actual, se negó a utilizar esa herramienta y no concedió ningún plan.
