Lo decidió la Sala IV, integrada por los jueces Hornos y Borinsky. La misma medida adoptó con respecto a Lázaro Báez. En la causa se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos -presidente- y Mariano Hernán Borinsky, no hizo lugar a tres recursos de quejas. Dos de ellos fueron presentados por la defensa de Lázaro Báez contra las decisiones de la Sala I de la Cámara Federal que había confirmado el procesamiento y embargo por 10.000 millones de pesos y el rechazo del pedido de nulidad de la declaración indagatoria prestada por el nombrado ante el juez federal Ercolini.
Tampoco se hicieron lugar a la queja presentada por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal que había confirmado su procesamiento y embargo por el monto de 10.000 millones de pesos y rechazó los pedidos de nulidad por haber intervenido más de un fiscal en el proceso. En la causa se investiga una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez por más de 46 mil millones de pesos. En este proceso también se encuentran procesados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido -detenido- y el ex secretario de Obras Públicas José López -detenido-.
De este modo, quedó habilitada la vía para la realización del juicio oral y público. El magistrado quedó entonces en condiciones de iniciar los trámites procesales necesarios para el envío del caso a juicio oral, según las resoluciones de la sala IV firmadas hoy. Además se rechazaron recursos de Báez, procesado junto a Cristina y los también detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López. La ex presidenta está procesada sin prisión preventiva como coautora de "asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública", en esta causa que investigó cómo, durante el kirchnerismo, se direccionó la adjudicación de obra pública a las empresas del grupo Báez en Santa Cruz por un valor calculado en 46.000 millones de pesos. Además, Casación dejó firme el embargo de 10 millones de pesos impuesto por el magistrado a la ex presidenta.
