Espinoza Paz, que patrocina a periodistas en litigio con Cristóbal López, presentó un recurso en el Enacom para trabar el fideicomiso que pretende crear Terranova. Funcionarios en la mira.
La venta de C5N está encaminada, pero en ese sendero que separa las manos de Cristóbal López de las del futuro dueño, “Orly” Terranova, hay algunas piedras que dificultan el avance de la operación. Según confiaron al portal Letra P fuentes de la negociación, un abogado de empleados de Indalo en litigio por despidos y otras yerbas presentó ante el Enacom un recurso para trabar la conformación del fideicomiso. Este instrumento es el corazón del desembarco del mendocino -ex rally y ex candidato del PRO- en la empresa de medios de uno de los más beneficiados por la pauta del kirchnerismo.
Gonzalo Espinoza Paz, letrado patrocinante de periodistas como Marcelo Longobardi y los ex gerentes Pablo De Luca, Jorge Taranto y Gonzalo Filgueira, introdujo una presentación en la que especifica el pedido de ilegalidad sobre la inclusión de todas las acciones de todas las sociedades de Indalo (C5N, las radios, entre otros), dentro del mismo fideicomiso. Aclaran que este negocio, planteado de esta manera, viola las inhibiciones que tiene el empresario patagónico. La traba a los bienes la decretó el juez federal Julián Ercolini en el marco de la investigación por irregularidades en el pago de impuestos y la evasión en aportes previsionales. La medida alcanzó además a los bienes de la mano derecha de López, Fabián De Souza, uno de los pocos que resistió hasta último momento el remate de las firmas de Indalo.“Considero que la incorporación de los licenciatarios de señales al fideicomiso va contra la ley 26.522”, contó a Letra P Espinoza Paz, y agregó que “está prohibido ceder a terceros la explotación de señales que fue adjudicado a otro propietario, en este caso Indalo”. El abogado, que conoce a López desde sus años en el Casino porteño y que tiempo después fue corrido de su lugar, relató que esa presentación no sólo protege los derechos de los que iniciaron juicio, “sino también de las audiencias y de los empleados que hoy forman parte de esa estructura”.
Consultado sobre el monto actualizado de los juicios, el abogado adelantó que “son entre 500 y 600 millones de peso”, que incluye a Longobardi y el resto de los periodistas y productores.
En paralelo, la demanda incluye una denuncia directa a los funcionarios del Enacom, “por incumplimiento de deberes de funcionario público”. Espinoza Paz aclara que “ante empresas y personas que tienen deuda impositivas y de seguridad social (como el caso Indalo Cristóbal López), lo que debe hacer el organismo es dictar la caducidad de las licencias. Pero el Enacom no hizo eso en su momento, y lo que es peor, ahora habilita la venta a un tercero”.Los que conocen la causa aseguran que cuando Daniel Hadad le cedió a López las licencias, hubo un control estricto de prolijidad en la maniobra, hoy inexistente. Aunque el abogado no lo dice, este último planteo también incluye una sugerencia de saneamiento económico previo a la cesión de las licencias. Lo cierto es que esa situación, en los hechos, no está ocurriendo. Para el abogado, “la situación la conocemos, básicamente, por lo que se habla en los medios”.
Espinoza Paz representa a Longobardi y otros periodistas que dejaron Indalo en muy malas condiciones, y que hoy, después de años de no poder cobrar, se toman una especie de revancha. Espinoza Paz asegura, además, que “presentaremos en cada causa judicial que tenemos en trámite (laborales y penales), medidas cautelares de no innovar”.
