La Procuradora deberá presentarse el 31 de agosto. El inmueble se pagó casi 44 millones de pesos, y hubo comisiones por $10,7 millones.
El juez Julián Ercolini llamó a indagatoria a la procuradora Alejandra Gils Carbó para el 31 de agosto, acusada de los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 por más de $ 43 millones. Un fiscal pidió la indagatoria de Alejandra Gils Carbó por fraude en la compra de un edificio "Existe motivo bastante para sospechar que la Sra. Alejandra Gils Carbó y el subdirector general Guillermo Alfredo Bellingi, violando los deberes a su cargo, diagramaron un complejo entramado –para lo cual contaron con la intervención de Héctor Zurita, Jorge Daniel Domanico y Osvaldo Leguizamón–, previo acuerdo con integrantes de Arfinsa Argentina Financiera S.A. –haya sido en forma directa o a través de intermediarios–, para que bajo la simulación de un acto licitatorio el Ministerio Público Fiscal le adquiriera el edificio de la calle Perón 667", resaltó el juez para llamar a indagatoria a la Procuradora General.
La maniobra se concretó por $ 43.850.000 lo que permitió, consta en la resolución, que Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. y Juan Carlos Thill, "personas interpuestas a fin de llevar a cabo la maniobra, obtuvieran un lucro indebido bajo el pretexto de supuestas comisiones, representativas de un porcentaje inusual y significativamente superior al utilizado en el mercado inmobiliario".
La adquisición del edificio, planteó Ercolini, representó un perjuicio a los intereses de la Procuración General de la Nación, "dado que esas sideral suma de dinero repartida entre los supuestos intermediarios, de manera documentada, fue entregada a Jaureguiberry por la vendedora a partir de lo que percibiera por la enajenación del inmueble, en virtud de lo cual se advierte que, en definitiva, se trató de fondos provenientes del aludido órgano estatal".
Toda la maniobra fue definida por el juez como una adquisición a la que se le quiso dar "un viso de legalidad" pero "que habría estado decidida de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio".Así, se llevó adelante "un complejo entramado, de modo tal que bajo la simulación de un proceso licitatorio, el Ministerio Público Fiscal adquirió aquel edificio" pagando a Arfinsa Argentina Financiera más de $ 43 millones, "monto significativamente mayor a los $ 27.000.000 que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012 que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto".
