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| La Unidad Fiscal San Juan brindó detalles sobre la investigación del accidente en el Parque Provincial Ischigualasto, donde murieron siete personas el 29 de julio. Hasta el momento no hay causa determinada. |
La Unidad Fiscal San Juan emitió un comunicado donde informa que, hasta el momento, no se ha podido determinar la causa del accidente aéreo que ocurrió en esa provincia, resultando en la muerte de siete ocupantes del helicóptero en el Parque Provincial Ischigualasto el 29 de julio pasado.
La investigación está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal San Juan, dirigida por el fiscal general Francisco Maldonado, con la colaboración de la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc.
Hasta ahora, la indagación no ha logrado establecer una causa definitiva del siniestro, por lo que las medidas en curso buscan "reconstruir la trayectoria de la aeronave y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro".
Las acciones realizadas incluyen inspecciones y rastrillajes en el lugar del impacto, peritajes sobre la aeronave, autopsias, entrevistas a testigos, análisis de dispositivos electrónicos y la incorporación de documentación técnica, aeronáutica y meteorológica.
Se está llevando a cabo un peritaje accidentológico para establecer la trayectoria de vuelo y la posible causa del accidente, así como el análisis de los dispositivos electrónicos y la recuperación de información del registrador de datos de vuelo y voces de cabina.
El siniestro ocurrió en la mañana del 29 de julio de 2026, en el interior del Parque Provincial Ischigualasto, en la Quebrada de la Chilca, mientras brigadistas y funcionarios se trasladaban a San Agustín de Valle Fértil para una capacitación sobre manejo del fuego en incendios forestales.
La aeronave involucrada fue un Bell Helicopter modelo 412 EP, matrícula LV-KGR, de propiedad de la empresa JASFLY S.A., contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para prestar servicios al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
El accidente resultó en la muerte de los siete ocupantes: el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela (53), el director de Protección Civil de San Juan, Dante Carlos Heredia (55), el jefe de la Dirección de Bomberos D-9 de la Policía de San Juan, Rodolfo Rubén Castro (52), el segundo jefe de esa dependencia, Jorge Carlos Carbajal (50), los bomberos voluntarios Andrés Damián Bosch (47) y Rodrigo Sebastián Aimetta (43), y el subjefe de la Policía de San Juan, el comisario general Marcelo Germán Videla (52).
Las autoridades informaron que el lugar del impacto, ubicado en la Quebrada de La Chilca dentro del Parque Provincial Ischigualasto, presenta dificultades de acceso.
Desde la entrada del parque, se requirieron aproximadamente 23 kilómetros en vehículos 4x4 y otros ocho kilómetros a pie para llegar al sitio.
La División Fotografía y Planimetría del Departamento de Policía Científica elaboró un informe técnico que incluyó un croquis de geolocalización, mediciones y fotografías del lugar del siniestro.
La JST participó en las tareas de recuperación de evidencias, encontrando entre los restos de la aeronave el registrador combinado de datos de vuelo y voces de cabina, que sufrió daños severos por el impacto.
Los cuerpos fueron extraídos, identificados y trasladados en helicóptero hasta la entrada del parque. Se realizaron cuatro vuelos para su traslado, dado que solo se podían transportar dos cuerpos por vuelo.
Posteriormente, fueron enviados a la Morgue Judicial. Se determinó que todas las muertes fueron violentas, a causa de politraumatismos.
En el caso del piloto, se ordenó un examen toxicológico que no pudo llevarse a cabo debido a la imposibilidad de obtener muestras por las lesiones sufridas. También se solicitó un estudio histopatológico.
El 14 de agosto se llevó a cabo una nueva inspección ocular en la zona del accidente, con la participación de miembros de la Unidad Fiscal San Juan y Gendarmería Nacional.
Durante el rastrillaje, se recuperaron tres celulares, un teléfono satelital y una notebook, así como efectos personales de las víctimas, que fueron devueltos a sus familias.
La Unidad Técnica Criminalística y Estudios Forenses San Juan realizó un peritaje técnico e informático sobre los dispositivos secuestrados.
Sin embargo, solo fue posible extraer información de uno de ellos debido a su estado.
El 9 de septiembre, la Unidad Fiscal solicitó autorización judicial para exportar temporalmente el registrador de datos de vuelo y voces de cabina a la sede de la National Transportation Safety Board (NTSB) en Estados Unidos, donde se intentará recuperar la información almacenada, que presenta daños severos.
La NTSB ha programado el análisis para comenzar el 12 de octubre y concluir tentativamente el 20 de octubre. La Coordinación del Parque Provincial Ischigualasto solicitó autorización para remover los restos del helicóptero, pero la fiscalía pidió una medida de no innovar para evitar su traslado hasta completar las diligencias pendientes.
El juez interviniente dispuso la prohibición de innovar por 60 días, para preservar los restos de la aeronave mientras avanza la investigación.
Finalmente, se ha encomendado un peritaje accidentológico a la División de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional para determinar la trayectoria de vuelo al momento del siniestro y establecer la posible causa del accidente.
Además, se han incorporado informes meteorológicos y registros del vuelo para contribuir a la investigación.
