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| Una auditoría detectó transferencias indebidas realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. La denuncia alcanza por ahora a 23 personas y señala modificaciones en los archivos enviados al Banco Nación antes de la acreditación de los haberes. |
Una revisión interna de la Armada Argentina derivó en una denuncia ante la Justicia Federal por presuntas irregularidades en el pago de haberes.
El relevamiento contabilizó 645 acreditaciones indebidas por $981,1 millones y detectó operaciones realizadas durante más de tres años.
La investigación comenzó en febrero de 2026, cuando fueron identificados cinco pagos correspondientes a suplementos que no debían haber sido abonados.
La devolución de esos importes llevó a ampliar el análisis hacia períodos anteriores y permitió encontrar diferencias entre las liquidaciones, los recibos de sueldo y los archivos utilizados para ordenar las transferencias bancarias a julio de 2022.
Según la documentación incorporada a la causa, el mecanismo bajo análisis habría permitido modificar determinados registros antes de que fueran enviados al Banco Nación.
Esos cambios no necesariamente quedaban asentados en los sistemas internos, ya que posteriormente algunos datos eran restituidos a sus valores originales.
La auditoría estableció hasta ahora 23 beneficiarios, entre personal militar, civiles, retirados y personas sin vínculo con la institución.
Cuatro de estas últimas habrían recibido en conjunto $434,2 millones mediante 184 acreditaciones.
Entre los involucrados aparece una mujer identificada como Prieto, esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien estuvo al frente del Departamento Revista.
La denuncia lo ubica como principal señalado y sostiene que durante el sumario reconoció haber intervenido en cargas manuales y conocer operaciones realizadas a favor de personas externas a la Armada.
La Justicia deberá determinar el alcance de su participación y si existieron otros responsables.
Tras detectar las anomalías, la fuerza apartó preventivamente a Atanasoff, preservó los equipos informáticos utilizados para procesar los pagos y modificó el circuito de acreditaciones para reforzar los controles.
Hasta el momento fueron recuperados $42,57 millones. El expediente, radicado ante el Juzgado Federal N° 2, deberá establecer el monto definitivo involucrado, el destino de los fondos y las responsabilidades penales correspondientes.
