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| En reserva y sin anuncios oficiales, la Casa Rosada activó contactos preliminares para avanzar con la venta del control de la compañía. |
San Juan 16:05 15/1/2026
Escrito por: elinformadordecuyo@gmail.com
Con extrema cautela y en medio de la temporada alta de vuelos, el Gobierno comenzó a mover las primeras para la salida del Estado de Aerolíneas Argentinas.
Se trata de una iniciativa que forma parte de los compromisos asumidos por Javier Milei durante la campaña y que, por su peso simbólico y político, avanza por ahora en un terreno estrictamente reservado.
Según pudo reconstruir el periodista Diego Cabot de La Nación, en los despachos del Ministerio de Economía ya se analizan escenarios posibles y se realizaron contactos exploratorios con grupos aerocomerciales del exterior.
La idea que hoy predomina es desprenderse del 51% del capital accionario, transfiriendo el control y la gestión a un operador privado, mientras que una porción menor quedaría en manos de los trabajadores y un remanente residual seguiría bajo órbita estatal.
Dentro del esquema en estudio también aparece la posibilidad de que el Gobierno conserve una herramienta especial para determinadas decisiones estratégicas, una suerte de “acción de resguardo” limitada, sin injerencia en la administración cotidiana de la compañía.
No se trata, aclaran fuentes oficiales, de un proceso inmediato, pero sí de un objetivo que ya quedó incorporado a la planificación del año.
Uno de los puntos centrales del plan es preservar la marca Aerolíneas Argentinas durante un período prolongado.
El mantenimiento del nombre es considerado un aspecto determinante al momento de evaluar interesados, dado el valor simbólico de la línea aérea de bandera.
Este requisito, aseguran cerca de la negociación, ya dejó en segundo plano a algunos potenciales candidatos que no estarían dispuestos a operar bajo esa condición.
En cambio, otros grupos internacionales aparecen mejor posicionados. Entre ellos, una compañía regional con fuerte presencia en América Latina que opera con estructuras locales en distintos países y no tendría objeciones en conservar la identidad comercial argentina.
Ese modelo de gestión, más descentralizado, es bien visto por funcionarios que buscan evitar una conducción totalmente concentrada fuera del país.
También hubo contactos informales con holdings europeos de peso en la industria aerocomercial, aunque no todos muestran el mismo nivel de interés.
A eso se suma la posibilidad de que empresarios con presencia en el mercado local intenten participar, aunque dentro del Gobierno descuentan que, de avanzar, la operación terminaría en manos de un operador internacional consolidado.
Más allá del interés empresario, el principal escollo no es económico sino legal. La estatización de la compañía, concretada en 2008, se apoyó en leyes que hoy limitan de manera explícita la cesión de la mayoría accionaria.
Una de ellas establece que el Estado no puede perder el control accionario, mientras que una modificación posterior endureció aún más el escenario al exigir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para autorizar cualquier transferencia de acciones.
Ese marco normativo convierte a la discusión parlamentaria en un paso ineludible. De hecho, en los sondeos realizados, los potenciales interesados dejaron en claro que no avanzarían sin una ley que garantice seguridad jurídica plena.
En el oficialismo lo saben y asumen que, antes que una negociación comercial, lo que viene será una disputa política de alto voltaje.
En 2024, el Gobierno intentó incluir a Aerolíneas Argentinas en el paquete de privatizaciones de la Ley Bases, pero debió retirarla del listado para destrabar la aprobación de la norma.
Más tarde, un decreto del Ejecutivo la declaró “sujeta a privatización”, reabriendo el debate y anticipando un nuevo round en el Congreso.
Por ahora, el hermetismo es total. La prioridad oficial sigue siendo sostener la operación de la empresa en un período de alta demanda, mientras las conversaciones avanzan por debajo del radar.
