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| A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Gobierno fue aceptado como querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas irregularidades en el ingreso de tributos y aportes. El monto bajo análisis ya supera los $19.300 millones. |
San Juan 11:46 19/1/2026
Escrito por: elinformadordecuyo@gmail.com
El Gobierno nacional decidió dar un paso clave en la causa judicial que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta retención indebida de tributos y aportes a la Seguridad Social.
A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Estado fue aceptado formalmente como querellante en el expediente que tramita en el fuero penal económico y que tiene como imputados al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
La resolución fue adoptada por el juez Diego Amarante, quien habilitó la participación activa del organismo recaudador dentro del proceso. De esta manera, la entidad gubernamental podrá proponer medidas de prueba, solicitar peritajes, intervenir en audiencias y ejercer un rol central en el impulso de la investigación, que apunta a determinar responsabilidades penales por la falta de ingreso de fondos retenidos.
La causa se originó a partir de una denuncia impulsada por la Dirección General Impositiva (DGI), en la que se sostiene que la AFA, en su carácter de agente de retención, habría descontado impuestos y aportes previsionales a terceros sin luego depositarlos dentro de los plazos legales establecidos.
Según la presentación oficial, la maniobra investigada consistió en practicar efectivamente las retenciones, pero omitir su posterior ingreso al Fisco.
Desde ARCA explicaron que este tipo de conductas encuadran en el delito de omisión, ya que el deber de depositar los fondos surge directamente de la función asignada como agente de retención.
En ese sentido, remarcaron que la infracción no requiere una acción adicional, sino que se configura por la simple falta de cumplimiento en tiempo y forma de la obligación legal.
En una primera etapa, la denuncia consignó un monto cercano a los $7.593 millones correspondientes a obligaciones impagas, discriminadas entre tributos nacionales y recursos de la Seguridad Social.
Sin embargo, con el avance de la investigación y la ampliación posterior de la presentación judicial, la cifra se incrementó de manera significativa.
La nueva denuncia incorporada al expediente elevó el monto cuestionado en otros $11.759 millones, correspondientes a períodos comprendidos entre marzo de 2024 y julio de 2025.
Estas nuevas observaciones incluyen tanto conceptos impositivos como previsionales y se suman a las irregularidades ya detectadas con anterioridad.
Con ambas imputaciones acumuladas, el total de fondos bajo investigación supera los $19.300 millones, una cifra que coloca al expediente entre los más relevantes de los últimos años en materia de delitos económicos vinculados a entidades deportivas.
Desde el organismo recaudador aclararon que los montos denunciados responden exclusivamente a las presentaciones formales realizadas y que no se descartan nuevas ampliaciones si surgen elementos adicionales durante la instrucción.
Mientras tanto, la causa continúa su curso en el juzgado penal económico, con los directivos de la entidad futbolística ya imputados y a la espera de nuevas medidas probatorias que permitan determinar el alcance final de las responsabilidades penales y patrimoniales.
