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| La medida del juez federal Daniel Rafecas recayó sobre Luciano Pantano, Ana Conte y la empresa Real Central SRL. |
San Juan 09:15 10/12/2025
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El juez federal Daniel Rafecas dispuso la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes contra quienes aparecen registrados como propietarios de una quinta de lujo en Villa Rosa, Pilar, que se asocia con las autoridades de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
La medida judicial recayó sobre Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, además de la firma Real Central SRL. La quinta, denunciada por la Coalición Cívica, cuenta con un helipuerto, un haras y un galpón donde se habrían acumulado autos de colección y de lujo.
Ana Lucía Conte, quien fue monotributista hasta 2012 y percibió el IFE durante la pandemia antes de jubilarse, pasó a registrarse como trabajadora autónoma con ingresos de $15.000 en mayo de 2022. Esta última fecha coincide con su constitución como accionista mayoritaria de la empresa que compró el lote, según la denuncia.
Por su parte, Luciano Pantano figuró inscripto en el régimen simplificado de impuestos con una facturación anual máxima de $40 millones y deudas bancarias registradas.
Para la Coalición Cívica, que impulsó la acción penal, resulta inverosímil que con su nivel de ingresos pudiera afrontar la compra de la mansión, compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados.
Pantano, además, tiene vínculos con el fútbol, habiendo sido presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y tesorero del Club Almirante Brown.
Tras recibir información fiscal de la DGI, el juez Rafecas ordenó la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas de los dos investigados y de la empresa.
De la información oficial recibida en el juzgado, surge que la firma Real Central SRL es titular de al menos 59 vehículos, entre autos y motos, muchos de ellos de alta gama, antiguos y de colección.
La causa se inició por una denuncia de Elisa Carrió, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, quienes sospechan de una presunta maniobra de lavado de dinero por parte de las autoridades de la AFA a través de testaferros.
El juez Rafecas enviará el caso a la Cámara Federal, que esta semana decidirá si el expediente debe tramitarse en el fuero federal o en el Penal Económico. Hasta entonces, la Policía Federal mantiene consignas en los tres accesos del predio, con la orden de identificar personas y registrar bienes que entren o salgan.
