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El organismo de control ratificó que la asociación encabezada por “Chiqui” Tapia deberá justificar los gastos e inversiones que están fuera de su estatuto. |
San Juan 18:21 18/12/2025
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La Inspección General de Justicia (IGJ) volvió a tensar su relación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y confirmó que el organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia tendrá tiempo hasta el próximo 20 de enero para presentar la documentación contable que respalde gastos e inversiones vinculadas con actividades que no figuran en sus estatutos sociales.
La advertencia fue ratificada por el titular del organismo, Daniel Vítolo, quien defendió la actuación estatal y aseguró que el objetivo no es político sino estrictamente administrativo. “Estamos preguntando lo que todos preguntaron y por lo que no hay respuestas. No estamos para molestar, estamos para ayudar a que cumplan”, afirmó en declaraciones televisivas.
Según explicó el funcionario, la AFA, en su carácter de asociación civil sin fines de lucro, goza de beneficios impositivos y previsionales otorgados por el Estado, similares a los de los clubes de fútbol. En ese marco, remarcó que la falta de información contable representa un problema serio. “Si no nos dicen los números, ¿cómo hacemos para controlar?”, planteó.
Desde la IGJ sostienen que la entidad madre del fútbol argentino adeuda la presentación y aprobación de balances correspondientes a varios ejercicios. “Debe ocho años de balances y ninguno fue aprobado. Nuestro único ‘pecado’ es preguntar”, insistió Vítolo, quien además habló de “muchas cosas anormales” detectadas tanto en la máxima autoridad del futbol argentino como en la Superliga de Fútbol.
En ese contexto, el titular del organismo anticipó que, de persistir la falta de colaboración, la IGJ cuenta con herramientas legales para avanzar. “Tenemos facultades para que el Ministerio de Justicia designe un veedor que analice la documentación. Si no nos dejan entrar, lo haremos con la fuerza pública”, advirtió, al tiempo que subrayó que el escenario de una intervención todavía no está sobre la mesa.
Otro punto que generó suspicacias en el organismo de control es el cambio de jurisdicción de uno de los balances más recientes. “El correspondiente a 2025 no lo tenemos porque lo presentaron en la provincia de Buenos Aires. Quisieron escapar de la jurisdicción”, denunció Vítolo, una acusación que profundiza el conflicto institucional.
El reclamo del organismo gubernamental se da además en paralelo al avance de investigaciones judiciales que salpican a la conducción del fútbol argentino. En las últimas semanas, la Justicia detectó documentación sobre contratos firmados entre clubes, la AFA y una financiera bajo sospecha de lavado de dinero, lo que volvió a poner el foco sobre los movimientos económicos del sector.
Entre los papeles secuestrados figuran acuerdos millonarios con la Liga Profesional de Fútbol y el Consejo Federal, además de contratos con clubes de primera y del ascenso.
Para la IGJ, este contexto refuerza la necesidad de contar con balances claros y auditados que permitan determinar el destino de los fondos.
Con el plazo corriendo y la advertencia ya formulada, la AFA quedó ahora ante una cuenta regresiva clave.
Si no logra justificar su situación contable antes del 20 de enero, el conflicto con el organismo de control podría escalar a un nivel institucional sin precedentes en la historia reciente del fútbol argentino.

