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| El juez de la Corte Suprema negó motivaciones políticas en la condena de la expresidenta en la causa por la obra pública y rechazó cualquier injerencia del Gobierno de Milei. |
San Juan 14:53 26/11/2025
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El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti volvió a pronunciarse sobre la causa Vialidad y descartó de manera categórica que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda ser considerada una detenida por motivos políticos.
A lo largo de una entrevista televisiva, el miembro del máximo tribunal sostuvo que el relato de persecución judicial no se sostiene frente al recorrido institucional que tuvo el caso.
Según explicó, por la investigación pasaron casi veinte magistrados en distintas instancias y buena parte de ellos fueron nombrados durante gobiernos del propio kirchnerismo.
Con ese respaldo, insistió en que el proceso no respondió a intereses políticos sino a una secuencia judicial prolongada, marcada por apelaciones, revisiones técnicas y sentencias firmes.
Sin esquivar el impacto político que genera la ratificación de la condena de una expresidenta, Lorenzetti admitió que “no es una situación deseable” que un ex jefe de Estado termine ante los tribunales.
Pero remarcó que la ley debe aplicarse con el mismo criterio para todos y que la relevancia institucional de una figura no puede convertirse en una barrera de impunidad.
Desde su perspectiva, el Poder Judicial no puede condicionarse por el peso simbólico o electoral de los involucrados.
El juez también rechazó que exista presión del Gobierno de Javier Milei sobre la Corte Suprema.
De hecho, negó cualquier tipo de intervención directa o indirecta durante el último año y señaló que, históricamente, el máximo tribunal ha atravesado tensiones con todos los gobiernos, pero siempre a partir de casos concretos y no por alineamientos partidarios.
“No hubo interferencias”, subrayó, al tiempo que pidió resguardar la autonomía de los jueces como un valor central de la república.
En otro tramo de sus declaraciones, Lorenzetti puso el foco en el estado crítico del sistema judicial argentino. Alertó por la cantidad de vacantes sin cubrir, por la falta de recursos y por la sobrecarga de trabajo de fiscales, jueces y funcionarios.
En ese marco, reclamó una integración plena de la Corte Suprema, que actualmente funciona sin su estructura completa, y advirtió que esa situación debilita el servicio de justicia.
“No se puede brindar justicia sin jueces”, afirmó con contundencia. Y aunque descartó que esté en discusión una ampliación del tribunal, sí consideró urgente cubrir los cargos existentes.
Para el magistrado, el problema no es de diseño institucional sino de voluntad política para normalizar el funcionamiento del sistema.
Uno de los pasajes más sensibles de la entrevista fue cuando se refirió nuevamente a la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Sin emitir una conclusión definitiva por tratarse de una causa aún abierta, el magistrado deslizó una definición que reavivó la polémica: indicó que la escena del hecho fue alterada y que eso condicionó la investigación posterior.
Sin embargo, evitó atribuir responsabilidades y se amparó en la reserva institucional que impone una causa en trámite.
Más allá de los casos judiciales, el juez trazó un diagnóstico social y político de alcance global. Habló de una crisis profunda de la democracia, del avance de regímenes autoritarios en distintas regiones y del desgaste de la política tradicional.
Según su visión, la dirigencia perdió la capacidad de representar a la sociedad y eso se refleja en la caída de la participación electoral y en el descreimiento generalizado hacia las instituciones.
