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| El Gobierno enfrenta un nuevo revés legislativo. La Cámara alta logró validar las leyes de emergencia pediátrica para el Garrahan y el financiamiento universitario y el Presidente deberá promulgarlas. |
San Juan 19:16 2/10/2025
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El Senado de la Nación rechazó los vetos del presidente Javier Milei a la declaración de la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan y el Financiamiento de las universidades nacionales. El jefe de Estado deberá promulgar los proyectos.
Por amplia mayoría la Cámara alta insistió con las leyes que ya habían sido aprobadas por Diputados. La emergencia pedriátrica recibió 59 votos positivos, 7 negativos y 3 abstenciones. El Financiamiento de las universidades, 58 adhesiones, 7 rechazos y 4 abstenciones.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, encabezó la sesión que le aplicó otro revés legislativo al gobierno de Javier Milei, en medio de la crisis económica y política que atraviesa.
No es la primera vez que el Gobierno enfrenta este tipo de revés: a principios de septiembre, el Congreso anuló el veto a la ley de emergencia en discapacidad, obligando a la Casa Rosada a reglamentarla, aunque luego dejó su aplicación en suspenso hasta contar con partidas presupuestarias.
Se prevé que hoy la historia pueda repetirse con estas leyes.
La ley de emergencia pediátrica establece la asignación inmediata y prioritaria de recursos para insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial dedicado a la atención pediátrica.
Además, dispone la recomposición salarial inmediata para el personal de salud, incluidos residentes, con aumentos no inferiores a los valores reales de noviembre de 2023.
También exime del pago de ganancias a quienes realizan actividades críticas, horas extras o guardias.
El Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan es declarado hospital de referencia nacional para atención pediátrica de alta complejidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal estimado para el segundo semestre es de $65.573 millones.
En cuanto a las universidades públicas, la ley impone la actualización de los gastos y salarios docentes y no docentes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, con aumentos que deben ser remunerativos y bonificables. Además, establece negociaciones paritarias obligatorias con revisiones periódicas que garanticen ajustes no inferiores a la inflación.
