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| El Tribunal Oral Federal 2 ordenó la localización del patrimonio para informárselo a la Corte. Casación debe revisar el cálculo del monto que debe devolver la expresidenta tras ser condenada en la causa Vialidad. |
San Juan 16:54 15/8/2025
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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) inició el proceso para identificar los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner con el objetivo de avanzar por su decomiso tras la condena por la causa Vialidad. A su vez, este mismo tribunal concedió a la presidenta del PJ para que se revise el método de cálculo del decomiso de los 537 millones de dólares que reclama la Justicia.
La decisión fue tomada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes rechazaron el pedido de la expresidenta de suspender la medida hasta que exista una definición firme sobre el monto.
Para el TOF 2, el cuestionamiento de la referente de Fuerza Patria “excede la mera impugnación” y apunta a cifras y fundamentos que “ya no son susceptibles de modificación”.
Cristina Kirchner sostiene que no posee el patrimonio vinculado al delito por el que se la condenó, y que toda su evolución patrimonial, al igual que la del resto de su familia, “resulta absolutamente legítima”.
La exmandataria insistió en su escrito: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.
En medio de los cuestionamientos de la defensa de la expresidenta en cuanto al método de cálculo de bienes, el TOF 2 lo defendió en base a su “solidez” manifestada a través del informe oficial, elaborado conforme a las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas.
El TOF 2 también rechazó el cálculo presentado por el perito de parte de la presidenta del PJ, que estimaba el decomiso en 42 mil millones de pesos, pues según este tribunal, el planteo presentado no reúne las condiciones de objetividad e independencia que se exigen a los auxiliares oficiales de la Justicia.
