 |
| Según la Agencia Nacional de Discapacidad, el 60% de los beneficiarios no se presentó a la revisión médica obligatoria. El Estado estima un ahorro de $23 mil millones. |
San Juan 12:57 18/7/2025
elinformadordecuyo@gmail.com
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encabezada por el abogado Diego Spagnuolo, suspendió o dio de baja más de 80 mil Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
La medida forma parte de una auditoría masiva que busca revisar el universo de un millón de beneficiarios y, según estimaciones oficiales, ya representa un ahorro mensual de $23.143 millones.
Hasta el momento:
A 65.230 personas se les suspendió el beneficio por no cumplir con requisitos mínimos.
8.207 renunciaron voluntariamente a la pensión para evitar eventuales procesos judiciales.
Se dieron de baja 6.643 pensiones de titulares fallecidos cuyos familiares continuaban cobrando la asistencia.
Las autoridades aseguran que el 60% de los beneficiarios no se presentó a la revisión médica obligatoria.
De continuar esa tendencia, estiman que las bajas podrían superar los 250.000 casos al finalizar la auditoría.
Irregularidades y casos insólitos
La revisión -realizada por médicos del PAMI y personal de la ANDIS- reveló múltiples irregularidades.
Entre ellas:
Personas fallecidas que seguían cobrando.
Certificados por “pie plano” o supuestas “amputaciones” inexistentes.
Una misma radiografía usada en más de 150 trámites.
Presos y prófugos de la Justicia cobrando beneficios.
Trámites impulsados por
dirigentes del Movimiento Evita.
“Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández hicieron una política de subsidios discrecionales. No como producto de una evaluación médica y necesidad social. Es lo que estamos revirtiendo”, dijeron desde la ANDIS.
“Las estadísticas no mienten: entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes, incluso en países que han sufrido guerras”, sostuvo Spagnuolo. Y agregó que, bajo la presidencia de Alberto Fernández, esa cifra volvió a subir, alcanzando las 1.250.000 entre 2019 y 2023.
El Decreto 842/2024, firmado en abril, establece nuevas condiciones para acceder a las pensiones, endurece las incompatibilidades y obliga a todos los beneficiarios a actualizar sus datos y someterse a una nueva evaluación médica.
Entre los principales cambios:
Se creó un Cuerpo Médico Evaluador.
Se autoriza a la ANDIS a intercambiar datos en tiempo real con AFIP, PAMI, ANSES, y Justicia.
Se permite suspender pensiones ante sospechas fundadas.
Casos detectados
Según la auditoría:
212 presos cobraban el beneficio, 331 prófugos también estaban en la nómina. Además, un hombre presentó cuatro diagnósticos diferentes y asistió con abogado a la evaluación. Y un hijo admitió cobrar la pensión de su padre, quien vive en Egipto desde hace meses.
Desde febrero, el Gobierno comenzó a enviar cartas documento con fecha, hora y lugar de revisión médica. Quienes no respondan, recibirán una segunda intimación. Si no se presentan, el beneficio será suspendido y podría darse de baja definitivamente.
El objetivo, según la gestión actual, es garantizar transparencia. Spagnuolo concluyó: “No se le quitará el beneficio a quien realmente lo necesita. Pero lo perderán quienes lo obtuvieron de manera fraudulenta durante las últimas gestiones”.
