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El gobernador utilizará fondos que la Nación comenzó a transferir tras un acuerdo ante la Corte Suprema. La medida beneficia a los sectores más vulnerables del sistema previsional provincial. |
San Juan 08:13 28/7/2025
elinformadordecuyo@gmail.com
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un incremento del 84,21% en las jubilaciones mínimas de la Caja Previsional provincial. Con esta medida, el haber mínimo pasará de $380.000 a $700.000 mensuales.
Además, el mandatario confirmó que se implementará un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban haberes de hasta $1.300.000, como un complemento adicional no contributivo.
“Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan”, escribió Llaryora en un posteo en su cuenta de X (ex Twitter).
El origen de los fondos: unCÓRDOBA TENDRÁ UNO DE LOS HABERES MÍNIMOS JUBILATORIOS MÁS ALTO DEL PAÍS Y UN BONO PARA LOS JUBILADOS QUE MENOS GANAN.
— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) July 27, 2025
➡️ PELEAR POR #CÓRDOBA DA RESULTADOS:
Anunciamos un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales.
Además,… pic.twitter.com/HPkAFOldrl
conflicto judicial con la Nación
El dinero que permitirá financiar este aumento proviene de fondos que la Nación le debía a Córdoba por deudas previsionales acumuladas.
En mayo, durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, la ANSES acordó adelantar $60.000 millones a la provincia, pagaderos en 12 cuotas y a cuenta del ejercicio 2025.
Según Llaryora, parte de esos fondos ya comenzaron a llegar y serán destinados, al menos en parte, a reforzar los haberes más bajos del sistema previsional cordobés.
La disputa judicial no es exclusiva de Córdoba. Al menos 13 provincias mantienen reclamos similares ante la Corte Suprema por deudas previsionales y otros fondos que la Nación dejó de transferir en los últimos años.
En el caso cordobés, la deuda total acumulada con el sistema previsional local asciende a un billón de pesos, y en diciembre se llevará a cabo una nueva audiencia judicial para consolidar los montos entre 2019 y 2024 y definir un mecanismo de pago definitivo.