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Mediante el decreto 366/25 se modificó la ley de Migraciones y endureció las deportaciones y el acceso a la ciudadanía así como también a servicios públicos como salud y educación. |
San Juan 09:28 29/5/2025
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El Gobierno de Javier Milei modificó por decreto la ley 25.871 que regula la política migratoria argentina, los derechos y obligaciones de los extranjeros y las atribuciones del Estado en la materia.
Los cambios introducidos endurecen el acceso a la ciudadanía y las deportaciones, habilitan el arancelamiento del sistema de salud pública y a que las universidades, en caso que así lo consideren, cobren a los extranjeros.
El objetivo del Ejecutivo con estas modificaciones es el endurecimiento de las regulaciones para disminuir el acceso de los extranjeros a la salud y educación públicas.
Hasta ayer, la normativa expresaba que quienes pisen suelo argentino y no sean nativos, no estaban “obligados” a admitir la ciudadanía “ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias”
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A su vez, antes de los cambios introducidos, los extranjeros podían naturalizarse luego de dos años de residencia en el país, y con la posibilidad de acortar los plazos “alegando y probando servicios a la República”.
Con el decreto, los extranjeros que se atiendan en el sistema de salud pública deberán contar con un seguro o bien pagar en el acto por el servicio, salvo en casos de emergencia.
Argumentos del decreto
El Gobierno impuso las modificaciones bajo el argumento de que el Estado brinda “facilidades extremas” para que los extranjeros entren y permanezcan en el territorio nacional, y en ese marco, “utilizar sin cargo los servicios de salud y educación”.
Acceso a la ciudadanía
En cuanto al acceso a la ciudadanía argentina, el Gobierno estipuló con su decreto que los plazos menores a dos años para la naturalización de extranjeros solo se aplica en caso que este haya realizado algún tipo de inversión monetaria.