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| El Ejecutivo avanza en su plan de traspaso de tres empresas estatales al sector privado. Mientras reduce subsidios y ajusta estructuras, define estrategias para su venta. |
San Juan 11:33 3/2/2025
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El Gobierno de Javier Milei continúa con su hoja de ruta para la privatización de empresas estatales, enfocándose en tres casos clave: Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Banco Nación.
La administración libertaria sostiene que el Estado no debe gestionar compañías y avanza en los mecanismos legales necesarios para completar el traspaso al sector privado en 2025.
La privatización de Aerolíneas Argentinas es una de las prioridades del Gobierno. La empresa, que en 2024 contaba con un subsidio de 75 millones de dólares, verá reducida esa asistencia a 60 millones en 2025, con el objetivo de disminuir su dependencia del Estado antes de su eventual venta.
Para avanzar en su objetivo, el Gobierno trabaja en un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso. Fuentes oficiales sostienen que se están analizando varias estrategias para concretar la operación: desde la venta total de la empresa hasta la colocación de sus unidades de negocio por separado, incluyendo la flota de aviones y simuladores de vuelo.
Mientras tanto, la empresa ha implementado planes de retiros voluntarios y otras medidas para optimizar costos. “El objetivo es que la compañía sea lo más eficiente posible antes de su venta”, explicaron desde la Casa Rosada.
AYSA, la empresa estatal encargada del servicio de agua potable y tratamiento de desagües cloacales en Buenos Aires y el conurbano, también se encuentra en la mira del Ejecutivo. La compañía, que actualmente pertenece en un 90% al Estado y en un 10% a sus empleados, ya sufrió un fuerte ajuste en su estructura operativa, reduciendo su planta de trabajadores de 7.700 a 6.400 desde diciembre de 2023.
El Gobierno evalúa dos caminos para su privatización. Uno de ellos es una licitación pública en etapas, en la que se venderían acciones en el mercado. La otra opción es que la empresa cotice en bolsa, permitiendo la participación de inversores privados en su capital.
La decisión final será tomada en conjunto por el presidente de la empresa, Alejo Maxit, y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.
“Es fundamental garantizar la continuidad del servicio, más allá de la venta. Estamos diseñando un esquema de transición para que el proceso sea ordenado y seguro”, afirmaron desde el Gobierno.
El tercer objetivo del plan de privatización es el Banco Nación, la entidad financiera más grande del país. Actualmente, el Gobierno trabaja en su transformación de sociedad del Estado a sociedad anónima, un paso clave para permitir su venta parcial o total en el futuro.
Para llevar a cabo esta conversión, es necesaria la aprobación de la Inspección General de Justicia (IGJ), trámite que se espera completar en los próximos meses. Sin embargo, la privatización definitiva del banco requerirá la aprobación del Congreso, lo que podría convertirse en un desafío político.
El Banco Nación cuenta con activos por 48 billones de pesos, depósitos por 33 billones y un patrimonio neto de 15 billones. La intención del Gobierno es abrir el capital de la entidad a inversores privados para reducir la intervención estatal en su administración.
