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| Este miércoles se publicó la medida en el Boletín Oficial. Además, se eliminó la obligación de pagar los sueldos de empleados públicos en el Banco Nación y que el Estado utilice Aerolíneas Argentinas e YPF. |
San Juan 09:35 21/8/2024
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Finalmente se publicó en el Boletín Oficial la derogación del decreto firmado por Alberto Fernández que permitió durante su administración la intermediación de brokers amigos en la contratación de Nación Seguros por parte del Estado Nacional.
Firmado en 2021, el DN 823, señalaba que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” tenía que “implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”.
Estaba firmado por los entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministerio de Economía, Martín Guzmán.
La decisión del actual Gobierno, que derogó también los decretos 1187/12, 1189/12 y 1191/12, indicó que “mediante el Decreto N° 70/23 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre otras, hasta el 31 de diciembre de 2025 y se dispuso un programa general de desregulación de la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo“.
De esta manera, señalaron que “por el artículo 50 del citado Decreto N° 70/23 se estableció que las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga”.
A su vez, también eliminó el decreto 1187/12 que obligaba el pago de haberes al personal de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional mediante el Banco Nación y la normativa que obligaba al Estado a “contratar con YPF la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”.