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| Auditorías revelan graves irregularidades en los expedientes. Se detectaron pensiones por invalidez otorgadas hasta con la radiografía de un perro. |
San Juan 12:51 19/7/2024
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El Gobierno denunció un esquema de corrupción y desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), estimando que la suma total desviada podría ascender a 3.400 millones de dólares.
Las nuevas autoridades del área, ahora dependiente del Ministerio de Salud, indican que el desvío alcanzó un 40% del presupuesto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad.
La denuncia penal fue presentada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y está siendo investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
La auditoría realizada por los funcionarios de La Libertad Avanza reveló que solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplían con los requisitos establecidos.
Los documentos del expediente judicial incluyen casos tan insólitos como la presentación de una radiografía de un perro como prueba de incapacidad laboral. “Lo que descubrimos es escandaloso”, declararon desde la ANDIS.
Entre las irregularidades se encontraron radiografías idénticas utilizadas en múltiples expedientes, certificados médicos falsificados y hasta documentos que incluían un poema en lugar de un diagnóstico. “No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica”, recalcan los funcionarios.
Las autoridades de la ANDIS afirman que entre el 30% y el 50% de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas serán dadas de baja tras una exhaustiva auditoría que abarca todo el país. Según la denuncia, el sistema de pensiones por invalidez laboral era poco transparente y susceptible al fraude, utilizado como moneda de cambio para favores políticos.
De los 2.559 casos auditados hasta el momento, solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos. Estas pensiones fraudulentas ya fueron dadas de baja. Además, se encontraron otras irregularidades, como la contratación de artistas y gastos excesivos en eventos no relacionados con la asistencia a personas con discapacidad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó detalles sobre la investigación desde la Casa Rosada. Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 80.000 a 1.050.000.
Durante la presidencia de Alberto Fernández, la cifra de beneficiarios ascendió hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023.
El fiscal Marijuan afirmó que el incremento en el número de pensiones fue resultado de un proceso de flexibilización de los criterios para su otorgamiento, utilizado para beneficios políticos.
La investigación también reveló que muchas personas cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, incluyendo individuos con propiedades, vehículos y trabajos registrados.
Las nuevas autoridades de la ANDIS certificaron que alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentaban incompatibilidades.
Este fraude ha vulnerado gravemente los derechos de las personas con discapacidad, desviando fondos destinados a este sector vulnerable para arreglos políticos y beneficios de unos pocos.
La investigación continúa, y se espera que las nuevas auditorías revelen más irregularidades en el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral.
