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| El líder del Polo Obrero fue procesado por el juez Sebastián Casanello por administración fraudulenta mediante facturas falsas y el uso de una empresa fantasma. |
San Juan 12:28 29/7/2024
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El juez Sebastián Casanello decidió procesar al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El magistrado afirmó que desvió fondos recibidos en el marco del Plan Potenciar Trabajo y que, al menos una parte, fue utilizada para financiar al movimiento.
Casanello advirtió que Belliboni usó facturas truchas y la empresa fantasma Rumbos -sin actividad real- para “dibujar” gastos y transformar así los subsidios en una “caja partidaria”.
En el fallo, también se procesó a otras 16 personas por delitos como la defraudación y amenazas coactivas.
Al líder del movimiento se lo embargó por $390.000.000, cifra que se estima fue la que involucró la facturación apócrifa.
Enfrenta una condena de entre dos y seis años de prisión.
El procesamiento involucra además de Belliboni, a los referentes Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
También se incluyen en la causa a María Isolda Dotti y Gianna Puppo, contra quienes pesa el procesamiento no sólo por defraudación sino también por “amenazas coactivas”. Acusación a la que Casanello suma a Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia.
El magistrado federal, incluyó además a Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y las amenazas coactivas.
“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia político-partidaria”, sostiene el fallo federal.
A lo que agrega: “El Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron.
Así, no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”.
Vale destacar que la causa se inició el pasado 20 de diciembre, cuando las organizaciones sociales preparaban la primera marcha contra el gobierno de Javier Milei, tras descubrirse que el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, había ocultado más de 16 toneladas de alimentos que no había repartido a los comedores populares.
