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| Las actuaciones surgieron a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134 que habilitó el Gobierno. |
San Juan 12:29 13/5/2024
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En el marco de la causa que investiga la extorsión a beneficiarios de planes sociales por parte de organizaciones piqueteras, la Justicia Federal ordenó 27 allanamientos y detenciones preventivas a líderes de los frentes sociales, para que brinden declaración indagatoria.
Las actuaciones judiciales surgen a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134 que habilitó el Gobierno.
Se trata del resultado de las investigaciones que se iniciaron a raíz de una presentación ante el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Entre los acusados figuran, entre otros, Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, que integran el Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal dejó firme un pedido de allanamiento y la intervención de líneas telefónicas a varios acusados por el delito de extorsión.
De acuerdo con los registros, los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
De acuerdo a lo documentado en la etapa de instrucción de la causa, que estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, “se encontraban reunidos los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos -pertenecientes a domicilios particulares de los requeridos; sedes de comedores populares: Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas- todo ello a fin de proceder a la aprehensión de los imputados para garantizar su comparecencia, secuestrar el producto del delito y recolectar elementos probatorios tales como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares”.
“De las intervenciones efectuadas se desprendía que las actividades de los imputados se orientaron a su vez a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados”, indicó el documento firmado por la Sala I de la Cámara.
Para el tribunal, “reviste particular importancia lograr el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de las exigencias coactivas y extorsivas eran transmitidas por allí, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo”.
Esta disputa entre el Gobierno y las organizaciones sociales se encrudeció a partir de la aplicación del protocolo que redactó el Ministerio de Seguridad para evitar los cortes de tránsito y en un cambio en la forma de gestionar los planes, que instrumentó el Ministerio de Capital Humano, sin la participación de piqueteros.
