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| La ministra de Capital Humano avanza en el desguace del programa Potenciar Trabajo y le quita poder a las organizaciones piqueteras sobre el control de las partidas presupuestarias. |
San Juan 18:00 4/3/2024
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Como parte de su ofensiva contra los dirigentes sociales que administran los subsidios que otorga el Estado a los sectores más vulnerables, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, avanza en el desmantelamiento de unas 300 Unidades de Gestión.
Según fuentes del área de desarrollo social, estas unidades recibían unos 34 millones de dólares al año en concepto de beneficios sociales, que eran repartidos en los distintos programas que el sector aplicaba para aquellas personas que no contaban con un empleo formal.
Se trata del espacio que se encargaban de controlar y redistribuir a los beneficiarios la ayuda estatal y que los mismos cumplieran con las contraprestaciones necesarias para recibir dicho plan social.
Estas Unidades de Gestión se encontraban en manos de organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, la UTEP, La Cámpora, el Polo Obrero, entre otras.
“Las unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan “gerentes de la pobreza”, controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”, sostiene desde el entorno de la Ministra, según publica el medio La Nación.
A lo que agregan: “Esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de 34 millones de dólares”.
De este modo, el Gobierno elimina uno de los eslabones más cuestionados de la cadena de asistencia social que en los últimos años se ha convertido en la principal fuente de solvencia de los movimientos sociales y las cajas partidarias, sobre todo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, desde las organizaciones sociales destacaron que sumaran a su plan d lucha este tema, junto con el reclamo por mayor distribución de alimentos y el aumento de la asistencia económica, y que incluso recurrirán a la Justicia si es necesario para evitar el desmantelamiento de los subsidios a través de los planes.
