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| Esta semana, el juez federal Julián Ercolini, ordenó la requisa en la casa de Héctor Martínez Sosa, el amigo del expresidente y pareja de María Cantero, la secretaria privada del entonces mandatario. En enero de 2020, Fernández lo recibió en la residencia de Olivos durante la pandemia, pero no fue la única visita del polémico inversor. |
San Juan 10:42 9/3/2024
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El 8 de enero de 2020, Alberto Fernández recibió en la quinta de Olivos a su amigo Héctor Martínez Sosa y a dos de sus principales laderos: Fernando “El Turco” Salim y Guillermo Alonso, que asistieron junto a sus esposas en una cena que duró casi cuatro horas.
Todos los invitados ingresaron a la quinta a las 21:05 y se retiraron a la 1:20 de la madrugada. Ese encuentro ya despertó el interés de la Justicia. El juez Julián Ercolini le pidió esta semana a la Casa Militar un registro de todas las entradas y las salidas de Olivos entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre pasado.
Salim (53) está mencionado en la causa principal por el escándalo de los seguros.
Esa noche, él fue acompañado de su esposa, María Guadalupe Cortés (52), que figura en los registros comerciales como monotributista.
“El Turco Salim le prestaba su matrícula a Martínez Sosa para que no sea tan abultada la facturación.
En su momento Martínez Sosa le salvó una cuenta grande”, cuenta un operador del mercado. No es todo. Las relaciones comerciales, en este caso, se mezclan con cuestiones personales.
“El Turco tuvo un problema con Los Borrachos del Tablón, la barra de River, Martínez Sosa lo apadrinó y lo sacó del pozo”, afirma la misma fuente.
Otro de los comensales fue Guillermo Alonso, otro ladero de Martínez Sosa. Según los registros consultados por este medio, en 2022 fue designado como vicepresidente de la empresa de Martínez Sosa en Tierra del Fuego. Y en 2019 fundaron juntos la empresa “Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA”, encargada de auditoría de riesgos para compañías aseguradoras, asesoramiento integral en seguridad e higiene de comercios e industrias; y servicios de gestión y coordinación de prestaciones para siniestros de ART.
El único que ingresó solo fue Martínez Sosa, aunque es muy posible que su esposa, María Cantero, la histórica secretaria de Fernández, se haya sumado al encuentro luego de su jornada laboral.
El juez Ercolini activó esta semana las dos causas judiciales por el escándalo de los seguros con decenas de allanamientos y operativos.
El viernes pasado le pidió a Nación Seguros toda la documentación.
El martes, el juez mandó a la PFA a un total de 27 brokers que actuaron como intermediarios.
En ese listado, revelado por este medio, figuran Bachellier SA (vinculada a Martínez Sosa), Castello Mercuri SA (una de las firmas que monopolizaba los contratos con el Estado), y las dos firmas que aparecen en una nota enviada por el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados: San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker SA.
Por orden de la Justicia, en el lugar se encuentran efectivos realizando la incursión en el domicilio de Martínez Sosa ubicado en San Fernando. Según trascendió, el abogado que lo representa a él y a su esposa, María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, se encuentra en el lugar y tomó contacto con los agentes para dialogar con el responsable del operativo.
La causa, que está bajo la supervisión del juez federal Julián Ercolini, investiga un supuesto esquema de negocios poco transparentes durante la presidencia de Fernández, en el cual se creaban contrataciones cautivas de seguros en distintas reparticiones del Estado con la intervención de empresas privadas a cambio de comisiones.
Martínez Sosa es señalado como el broker que se beneficiaba en este esquema.
El escándalo comenzó a raíz de la denuncia del ex titular de ANSES, Osvaldo Giordano, quien detectó este esquema en el organismo y lo interrumpió por considerarlo irregular.
De acuerdo a la hipótesis que sigue la Justicia, la maniobra creaba por un decreto presidencial la obligación de que las reparticiones del Estado contrato como aseguradora a la empresa Nación Seguros, parte integrante del Banco Nación.
