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| Durante los alegatos de cierre, el procurador general de La Pampa solicitó la destitución de Ana Clara Pérez Ballester y Elisa Alejandra Catán por “mal desempeño”. El veredicto se conocerá el viernes. |
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Ayer martes se llevó adelante la última jornada del juicio político, en la Cámara de Diputados de La Pampa, contra las dos funcionarias que le otorgaron la tenencia de Lucio Dupuy a su madre, Magdalena Espósito Valenti, quien un año después resultó ser su asesina junto a su pareja, Abigail Páez.
Después del duro careo entre el abuelo de Lucio y la ex abogada de la familia, se hizo el alegato de cierre, donde el procurador general Guillermo Sancho pidió la destitución de la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de Familia Elisa Alejandra Catán por “mal desempeño” e “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo”.
Sancho cuestionó la actuación de las funcionarias, señalando que “no escucharon al niño ni al padre” durante el proceso. Además, resaltó la omisión de comunicación a la autoridad de aplicación y la falta de intervención del equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial (psicólogo, médico, asistente social) en el caso.
“Fue una falta grave, más aún en el contexto en que se dio la homologación del acuerdo, ya que existían exposiciones y denuncias cruzadas entre la madre y el tío. En forma verbal, gestual o por dibujos, el niño se pudo comunicar”, expresó.
El procurador destacó que la entrega de la tutela se realizó sin tener en cuenta la opinión del niño ni el mantenimiento de su centro de vida, incumpliendo el artículo 654 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Además, otro de los cuestionamientos fue “la omisión de toda comunicación a la autoridad de aplicación, a pesar de que la madre en una denuncia contra Maximiliano Dupuy, por impedimento de contacto, dejó trascender que Lucio tenía un sarpullido en la zona de los genitales”.
En este punto, incluso, recordó que, posteriormente, a Lucio se le hizo una pericia, a través de una producción gráfica, cuya conclusión fue que “se registraron signos de indicadores de situaciones de violencia y abuso sexual infantil a través de figuras representativas del entorno familiar próximo”.
No obstante, aunque esa pericia no se hizo en el momento en que actuaron las funcionarias, Sancho aclaró: “Solo quiero marcar que el niño pudo expresarse a través de sus dibujos”.
En respuesta a las acusaciones, la defensa de Pérez Ballester argumentó que no se puede destituir a un funcionario por “cuestiones opinables” y que “no se quebrantó el derecho del cuidado personal del padre”, ya que este no lo estaba ejerciendo.
“Esa era una decisión entre la madre, que sí tenía el cuidado personal, y la tía, a quien le estaba dejando a su hijo (al otorgarle la tutela). El derecho civil es entre quien pretende y contra quien se pretende. Solo esas partes son las que tienen un derecho”, sumó Pablo Rodríguez Salto.
Y agregó: “El procurador habló de lo que dice el Código Civil, pero no dijo que el Código también dice que en el cuidado unipersonal la disconformidad debe ser expresa; por lo tanto, en los casos de padres separados cuando se toma una decisión sobre un hijo se presume que el otro avala esa decisión.
Esa es la regla jurídica”.
“A un niño hay que escucharlo cuando puede generar un juicio sobre el tema de que se trata. Debe entender sobre la materia que hay que resolver. En este caso no hubiera tenido utilidad porque Lucio era muy chiquito para que entendiera de qué se trataba”, cerró.
Sancho acusó a las dos funcionarias por “mal desempeño”, “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” e “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”, delitos que llevarían a la destitución de ambas. El veredicto del juicio se conocerá el viernes.
