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| El pedido fue realizado por el abogado Sergio Salinas en el marco de la etapa de alegatos que transita el juicio. |
San Juan 10:33 1/6/2023
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Los abogados de uno de los grupos de víctimas del Caso Próvolo finalizaron este martes la etapa de alegatos, al apoyar la pena de 25 años y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos en albergues educativos donde asistan menores.
Misma pena que el fiscal de la causa, Alejandro Iturbide, había pedido para la monja Kumiko Kosaka.
El pedido fue realizado por el abogado Sergio Salinas (ONG Xumek) durante la etapa de alegatos que transita el juicio por los hechos perpetrados en el ex instituto para niños sordomudos de Luján de Cuyo, que se lleva a cabo en el Polo Penal Judicial, ubicada en la capital provincial.
Salinas solicitó la pena para la monja Kosaka en virtud de "la acumulación de los delitos que representamos en ese combo de causas por cuatro víctimas”.
“Esta investigación llevó siete años. Esto comienza en noviembre de 2016, cuando una chica, que fue llamada como la testigo de identidad reservada número 1, realizó una denuncia con una lengua de señas muy precaria”, señaló el letrado a Télam.
“Con los meses de investigación empezamos a notar que había una monja que era mala (por Kosaka) y con el tiempo nos dimos cuenta que no era una monja mala en término de malicia, era una persona con indicadores de abuso sexual y que hacía propiamente ella los abusos”, agregó Salinas.
"Se fueron juntando pruebas y ese caudal de pruebas llevó a mostrar la estructura tanto activa como omisiva del Próvolo, es decir, quien abusaba como quien permitía. En esa situación nos fuimos topando con que había una organización mucho mayor", finalizó.
La monja es una de las principales acusadas de los abusos sexuales ocurridos en el Insituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo. Kosaka está imputada por 6 hechos en una de las causas, entre ellos abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto reconocido y corrupción de menores.
En la otra causa, Kumiko está acusada de ser la autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el autor encargado de la guarda y por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.
