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| Según un relevamiento privado, en Argentina hay 1.700.000 menores de edad que viven en hogares en los que el ingreso familiar resulta insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. |
San Juan 16:55 19/4/2023
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En un contexto de alta inflación y con índices de pobreza que llegan al 40%, la asistencia alimentaria que entrega el Estado a los sectores más vulnerables del país, se hace indispensable para la supervivencia de millones de argentinos.
Sin embargo, ese dinero no alcanza ni para cubrir una tercera parte de la canasta básica.
Así lo reveló un informe de la Fundación Éforo, titulado “Políticas Alimentarias en Argentina”, en donde se estima que durante los últimos 14 años, es decir entre el 2008 y 2022, la asistencia alimentaria pasó de entregarse a un millón de familias, a los 2.700.000, es decir que casi se triplicó.
De ese total, el 50%, que equivale a 1.300.000 hogares, que incorporaron entre 2019 y 2022, durante el mandato de Mauricio Macri y la administración de Alberto Fernández, en un contexto de escalada de precios y depreciación de los salarios.
Asimismo, las fuertes restricciones que aplicó la administración del Frente de Todos, durante el aislamiento obligatorio, en el marco de la pandemia de covid-19, no ayudó a bajar esas cifras, que se intensificaron en un contexto de crisis total.
Por lo que el relevamiento indica que: “Pese al nivel de cobertura logrado por la prestación (Programa Alimentario), según la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al segundo semestre de 2022, todavía existían en Argentina 1,7 millones de menores de edad habitando hogares en los que el ingreso familiar resultó insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias”.
En clara referencia a las políticas aplicadas en los últimos periodos por los funcionarios que comandaron el ministerio de Desarrollo Social, Daniela Arroyo, luego Juan Zabaleta y la actual titular de la cartera Victoria Tolosa Paz, que además aplicó un fuerte recorte en los planes de asistencia estatales.
“Esta circunstancia denota que la política no está siendo direccionada a los hogares que mayor ayuda requieren, los indigentes. Y suponiendo un correcto direccionamiento, la cantidad de hogares que sufren de inseguridad alimentaria es mucho mayor que la contenida mediante la ayuda del Estado”, sostiene el informe presentado.
De hecho, se estima que el Gobierno destina más de 800 mil millones de pesos al año en beneficios sociales, que incluyen tarjeta alimentar, planes Potenciar Trabajo y Asignación Universal por Hijo, entre otros, pero “esta gran inversión social solo alcanza para cubrir un tercio de la canasta básica alimentaria de los hogares”, refiere Fundación Éforo.
“Los datos muestran que no hay soluciones simples para problemas complejos; la situación de los hogares más vulnerables sería peor sin la existencia de la Tarjeta Alimentar, pero en la práctica esta asistencia termina funcionando como un complemento de ingresos a la familia, más que como un reaseguro nutricional”, remarcó Fabián Méndez, coordinador general de la institución.
