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| Las oficinas del Palacio de Gobierno y otros 14 inmuebles fueron objeto de una investigación por presunta corrupción en contratos de la petrolera estatal Petroperú. El presidente, Pedro Castillo, está siendo investigado por haber favorecido presuntamente la adquisición de un producto de la compañía a favor de la empresa peruana HPO S.A. |
San Juan 09:47 12/2/2022
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En la madrugada del viernes 11 de febrero, equipos de la Fiscalía anticorrupción de Perú llegaron a 15 edificios, incluido el Palacio de Gobierno, con fines de registro e incautación de bienes.
Este mega operativo se llama 'Resplandor 2022' y está a cargo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía y la Fiscalía especializada en corrupción de funcionarios.
Policías y fiscales se quedaron en la sede presidencial de Perú casi hasta el mediodía.
La "Fiscalía ejecuta el allanamiento y registro domiciliario con fines de incautación en Palacio de Gobierno y otros 14 inmuebles vinculados a la investigación por el presunto direccionamiento en la adquisición de Biodiésel B100 –a cargo de Petroperú– en favor de la empresa HPO S.A.", anunció el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
El operativo se desarrolló simultáneamente en la Secretaría General del despacho presidencial del Palacio de Gobierno y en los inmuebles del empresario Samir Abudayeh, del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y en el de la empresaria Karelim López, entre otros.Fiscalía ejecuta el allanamiento y registro domiciliario con fines de incautación en Palacio de Gobierno y otros 14 inmuebles vinculados a la investigación por el presunto direccionamiento en la adquisición de Biodiésel B100 –a cargo de Petroperú– en favor de la empresa HPO S.A. pic.twitter.com/1TK9Q7CUbQ
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 11, 2022
Según la Fiscalía, estos funcionarios de Petroperú "se habrían coludido y/o interesado indebidamente con el fin de favorecer a la empresa (peruana) Heaven Petroleum Operators S.A. con la adjudicación del proceso de adquisición de Biodiésel B100".
Las investigaciones buscan determinar si se cometieron delitos contra la administración pública en la modalidad de corrupción simple y negociación incompatible.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la presunta trama corrupta "se habría coordinado a través de una serie de irregularidades, cuyo despliegue obedecería a presuntos acuerdos colusorios que se habrían gestado el 18 de octubre de 2021 en el Despacho Presidencial".
