San Juan 17:27 6/5/2021 - elinformadordecuyo@gmail.com
El juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas, hizo lugar al pedido del fiscal general Dante Vega y ordenó la convocatoria a prestar declaración indagatoria de un juez federal de la ciudad de Mendoza imputado de ser jefe u organizador de una asociación ilícita que tenía como fin cobrar coimas a personas imputadas en causas por graves delitos federales que involucraban grandes sumas de dinero. Tanto el juez federal como su esposa también se encuentran imputado e imputada por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo.
Si bien la fiscalía solicitó la detención del magistrado, por ahora permanece en libertad en función de sus fueros.
Puigdéndolas, quien actúa como juez subrogante en el caso, también ordenó la detención e incomunicación de tres abogados del foro local -uno de los cuales permanece prófugo- imputados por la asociación ilícita y cohecho activo en seis hechos.
La investigación también alcanza a otras seis personas, actualmente detenidas, acusadas de cohecho activo agravado. Una mujer y otros dos hombres están acusados como cómplices primaria y secundarios, respectivamente, en uno de los cohechos. Y, asimismo, se imputó por falso testimonio a dos personas y se solicitaron remisiones administrativas a la Cámara Federal de Mendoza para que se investigue a dos empleados y a un funcionario judicial.
A los pedidos de detención de la fiscalía ordenados por el juez, se sumó el registro de 16 domicilios, incluido el despacho oficial y la vivienda del juez federal y los estudios jurídicos de los abogados, el secuestro de los teléfonos celulares de todos los involucrados y el secuestro de dispositivos electrónicos.
Esas medidas, para las que se autorizó la presencia de funcionarios del MPF, se concretaron con el auxilio del Departamento de Asistencia Tecnológica y Apoyo Investigativo de la Policía de Mendoza, con intervención de personal de Policía Científica de la misma fuerza y la participación del Grupo Especial de Seguridad también de la Policía de Mendoza.
El fiscal Vega, titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal, actúa en el caso tras la inhibición de tres fiscales de la jurisdicción. A pedido del fiscal, el procurador general interino, Eduardo Casal, dispuso que lo acompañen de manera conjunta o alternada el fiscal general Mario Villar y la fiscal federal Laura Roteta, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. El MPF también cuenta en el caso con la intervención de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.
La fiscalía y la PROCELAC también dirigieron la investigación hacia el patrimonio del magistrado y de su esposa, funcionaria judicial, como el de dos de los tres hijos de ambos, también empleados del Poder Judicial de la Nación.
De acuerdo con la imputación, el juez y su esposa emplearon su sociedad conyugal "para adquirir o vender numerosos bienes inmuebles y muebles y realizar conjunta o alternativamente numerosos traslados al exterior sin justificación alguna", y utilizaron a sus hijos para canalizar el dinero hacia emprendimientos comerciales y económicos y para que figuren como titulares de bienes.
Los hijos por ahora no fueron imputados, pues la fiscalía considera que la investigación todavía no permite sacar conclusiones respecto de su participación en los delitos, dado que se aguarda el resultado de un peritaje contable. No obstante, su situación fue comunicada a la Cámara Federal para que lleve a cabo las investigaciones administrativas que correspondan.
Por caso, el juez y su esposa registran numerosos viajes preponderantemente a Miami y Nevada, de entre cinco y siete días de duración, "por lo que se descarta que los mismos sean con fines de esparcimiento u otro fin lícito, lo que refuerza la configuración de los delitos" de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, señaló la fiscalía.
Para la investigación, la fiscalía también comparó los informes patrimoniales del juez y su esposa con la de los fiscales federales de primera instancia de la jurisdicción -dado su vinculación con las mismas causas en las que intervino el juez imputado-, lo cual le permitió reforzar la convicción sobre las conductas del magistrado.
De acuerdo con el informe de la AFIP, el juez, su esposa y sus dos hijos perciben mensualmente un monto superior a 1,7 millones de pesos en salarios pagados por el Poder Judicial de la Nación, más una asignación familiar (renunciable) de menos de 6 mil pesos por el tercer hijo que paga la ANSES.
"El patrimonio de la familia superaría el monto total de los ingresos lícitos en concepto de sueldos, cobrados sucesivamente por los cuatro miembros de la familia desde su ingreso a las filas del Poder Judicial desde 1992 hasta la actualidad", indicó la fiscalía.
En 1992 el ahora magistrado había ingresado al Poder Judicial como secretario. En 2005 asumió como juez.
La información registral a su nombre indica que solo es titular de un bien: una camioneta. "Tanto él como su esposa han utilizado las formas legales respectivas para distribuir entre sus hijos los numerosos bienes inmuebles y muebles que integran su patrimonio", concluyó la fiscalía.
