San Juan 18:01 5/10/2020 - elinformadordecuyo@gmail.com
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, respondió este lunes al pedido de juicio político que hizo el oficialismo, a la vez que denunció una "campaña de desprestigio" en su contra.
Días atrás, la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley hizo una presentación en el Congreso que si prosperara podría terminar con la destitución del magistrado.
La legisladora le imputa al titular del máximo tribunal país “ mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
“Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”, agregó Siley, quien integra el bloque que comanda Máximo Kirchner.
Previamente, el presidente Alberto Fernández criticó a Rosenkrantz por convocar a una reunión extraordinaria para definir su la Corte le daba curso o no un per saltum solicitado por 3 jueces que fueron desplazados por el oficialismo de tribunales que intervienen en causas de corrupción del kirchnerismo.
“¿Qué es lo que está buscando el Presidente de la Corte? Me lo pregunto porque cualquiera que haya estudiado derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”, había dicho el jefe de Estado en declaraciones radiales.
Finalmente, el tribunal votó por abrir el per saltum. Inmediatamente después Siley hizo el pedido de juicio político a partir de la actuación del juez, no en ese caso, sino en causas por delitos de lesa humanidad.
En ese marco, Rosenkrantz hizo pública una extensa declaración en la que se mostró como blanco de "una persistente campaña de desprestigio" y dijo que "distintas personalidades" le "atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza".
Rosenkrantz recordó la existencia de una causa iniciada por una denuncia anónima que lo acusaba de tener 71 cuentas en el exterior para cobrar sobornos en paraísos fiscales.
El caso está en el juzgado de Ariel Lijo. El año pasado, Rosenkrantz dijo sobre aquella acusación: "En cuanto al origen, tengo una sola conjetura y no involucra al Gobierno".
Ahora, explicó: "La imputación no sólo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada".
Y recordó que enfrentó otras dos acusaciones penales: una por fallar en contra de la ley en el caso de la aplicación del beneficio del "2x1" en favor de un condenado por delitos de lesa humanidad (el caso "Muiña") y otra como supuesto partícipe de una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell.
Ambas denuncias fueron desestimadas por el juez Daniel Rafecas.
"Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución", apuntó Rosenkrantz y consideró que las acusaciones "son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno".
"Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de “Muiña”, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces.
También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el “2x1” (tanto en “Muiña” como en “Batalla”) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos", declaró.
"Solo quiero insistir en que, en general, expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpetraron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país. Y quiero decir, en particular, que la acusación de que “no repare” en que los delitos de lesa humanidad no son pasibles de amnistía, indulto o conmutación de pena revela que la legisladora ni siquiera ha leído mi voto", agregó.
Rosenkrantz pasa entonces a su defensa sobre la supuesta demora en la resolución de la causa “Blaquier”, un expediente que está en trámite y en el que para la diputada Siley hay una “obstrucción flagrante de la labor jurisdiccional”, porque supuestamente el caso está hace mucho tiempo en su vocalía.
"Además -dice- me cuestiona por 'los vínculos explícitos con la poderosa familia Blaquier', porque mi esposa integra el Consejo de Administración de la ONG Cimientos junto a un sobrino del acusado".
"La información sobre el movimiento del expediente que inspiró esta acusación es totalmente errónea aunque, curiosamente, la información correcta está disponible en la web", replica el presidente de la Corte.
"En suma, las acusaciones son infundadas.
Quiero subrayar, finalmente, que en su denuncia la legisladora evocó una cita de doctrina que afirma que “es un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en causas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político”. Según lo veo, la legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno", cierra el escrito.
