JUSTICIA
El Ministerio Público falló por el 'per saltum' y que lo explique el Instituto Patria

Eduardo Casal sigue siendo el Procurador General, a pesar de los reclamos del Instituto Patria. Por lo tanto, no hay espacio para el reclamo K.


San Juan 09:16 5/10/2020 - elinformadordecuyo@gmail.com 

Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación será domesticada o no, es el gran tema de quienes opinan cerca del Instituto Patria, o sea Cristina Fernández de Kirchner. 

Esta idea no es un invento sino que lo planteó explícitamente uno de esos interlocutores, Horacio Verbitsky: "(...) Es hora de decirle basta a esta justicia clasista, que se cobra con sus propias canonjías la defensa de los grandes propietarios, en contra de cualquier ordenamiento o regulación que dispongan los poderes de elección popular, y cuya incompetencia técnica se advierte en el zigzag de su itinerario, en el que cada movimiento responde a una ventaja coyuntural, de modo que cualquier cosa es posible según quién presione y qué convenga. (...)". 

 Pero el problema no es sólo la CSJN sino también hay otras instancias del Poder Judicial que le son adversas al Instituto Patria (CFK), que viene de sufrir varias derrotas consecutivas. 

Por ejemplo: Su propuesta de Reforma Judicial, que luego no tuvo progenitores y más tarde quedó 'en la nube', diría algún nativo digital. Inviable, onerosa, caprichosa, los K encima se enojaron porque el capítulo 'albertista' del Frente de Todos no la defendió a capa y espada. 

Ahora ocurre el conflicto con la CSJN que se intenta personalizar en Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte y más cercano al PRO. De pronto, aparece el proyecto de derribar a Rosenkrantz, una ambición que convive con la de ampliar la cantidad de ministros de la CSJN. El argumento para promover una acusación para juicio político es una "falta" que sólo pueden ser importantes para Irina Hauser y Luciana Bertoia porque son militantes de CFK antes que periodistas. En definitiva, lo que queda en evidencia es que no hay un plan, es todo bastante anárquico, y parece existir una cierta hiperactividad negativa en un escenario de malas noticias de la pandemia y su extenuante aislamiento social, y de la economía que sigue declinando. 


En este contexto aparece el otro problema que tampoco resolvió el Instituto Patria, que es la Procuración General. Tampoco el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien anunció un mal candidato a Procurador General, pero que a él le provocaba confianza. Con el candidato a la Procuración (Daniel Rafecas), a Fernández le sucedió lo mismo que con su equipo de colaboradores: flojísimo. La diferencia es que para designar a sus colaboradores no precisa una aprobación del Senado, y con el Procurador sí la necesita. En tanto, CFK no logró mostrar, hasta ahora, un candidato mejor que Rafecas. Entonces es una suma de problemas: reforma de la Justicia Federal, jueces y camaristas, procurador y Corte Suprema. Y en todos los frentes acumulan derrotas. El tema del Ministerio Público viene a cuento de que su dictamen del caso de los camaristas BBC fue favorable a los demandantes, El Ministerio Público representa al Ejecutivo Nacional, y aún cuando su dictamen no sea vinculante, es un dato de referencia que parece haber pasado desapercibido para quienes se rasgan las vestiduras contra la CSJN. Es posible que en el Instituto Patria afirman que es una Procuración "macrista" pero eso es un cliché de barricada, las instituciones son las instituciones hasta que se demuestre lo contrario. 

Acerca de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, por un lado, y Germán Castelli, por separado, el Procurador General concluyó: "(...) Como ha establecido V.E. en la citada causa “Schiffrin”, la inamovilidad judicial sólo puede ser objeto de limitaciones objetivas, impersonales y previsibles (considerando 23), y mal podría calificarse de previsible e impersonal una que surja de un ejercicio retroactivo y selectivo de revisión de resoluciones de traslados o nombramientos definitivas y que surtieron plenos efectos durante plazos a menudo de considerable extensión. 

En última instancia, se trata de hacer realidad en la historia los largamente declamados objetivos que persiguió nuestra Ley Fundamental al incorporar a nuestro sistema el Consejo de la Magistratura: amortiguar la gravitación político partidaria en los procesos de designación y enjuiciamiento de jueces para afianzar y vigorizar la independencia judicial (Fallos: 336:760, considerandos 20 y siguientes, y sus citas). Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario por salto de instancia y revocar la sentencia apelada."