San Juan 10:06 10/8/2020 - RedacciónSanjuan@
La información fue dada a conocer este domingo por ADNSur, de la ciudad petrolera, y refiere que el próximo martes 11 de agosto dará inicio el juicio oral y público por el derrame de petróleo que afectó a Caleta Córdova en 2007.
El proceso se llevará a cabo en la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia en sucesivas audiencias que, de acuerdo a lo previsto, se extenderán hasta el 28 de agosto.
En este sentido, se indicó que una familia de Caleta Córdova, al norte de la Ciudad Petrolera, se ha presentado como querellante. Mediante el juicio se buscará establecer las responsabilidades por el derrame e imponer sanciones a quienes correspondan.
El derrame de petróleo se produjo el 26 de diciembre del 2007 y fue provocado por el buque petrolero “Presidente Arturo Illia”. A causa del hecho, no solo se mancharon unos 4 kilómetros de costa sino que también se contaminó el ecosistema marítimo, provocando la muerte de flora y fauna además de dejar sin recursos a los vecinos de la zona.
De acuerdo a lo indicado, en el juicio se convocará al banquillo a los siete tripulantes del buque petrolero.
Es preciso recordar que a comienzos de este año el Observatorio Petrolero Sur y la Fundación Ecosur había presentado un recurso para que se rechace un planteo de prescripción y extinción de la acción penal presentados en diciembre de 2019 por las defensas de los imputados.
Por un lado, se había solicitado la extinción de la acción penal por conciliación de 2014, a partir de una compensación económica acordada entre la empresa, Provincia y algunos vecinos; mientras que otro planteó hacía alusión a la prescripción por el tiempo transcurrido.
En tanto, vale señalar que en 2016 la Cámara de Casación Penal había declarado nulo un proceso de suspensión de juicio a prueba por el que se había beneficiado a los imputados, por lo que el juicio se encontraba pendiente de realización.
Finalmente, en febrero pasado, la Oficina Especial de Delitos contra la Administración Pública informó que se encontraba investigando el destino de una indemnización de 5 millones de dólares abonados en concepto de “reparación” por la empresa protagonista del derrame y cuyo destino se desconoce, según señalaron en aquella ocasión desde el Ministerio Público Fiscal.