El dique Los Caracoles fue el segundo que se construyó, después del embalse de Ullum. Fue inaugurado en octubre de 2008, por el entonces Gobernador Gioja y la Presidenta Cristina.
San Juan 11:08 a.m. 02/01/2019 - RedacciónSJ
Los legisladores de San Juan, integrantes de la comisión auditora que evalúa las licitaciones y costos de las obras que se hicieron, estiman que durante el Gobierno de Gioja hubo un perjuicio de 44 millones de dólares.
El dictamen final de la comisión ingresó a primera hora de este martes 2 de enero a la Cámara de Diputados. Cumplido ese paso, cualquier ciudadano tiene acceso al material ya que se trata de un documento público.
Los diputados opositores que integraron la comisión auditora de la obra pública del Gobierno de José Luis Gioja, llegaron a la siguiente conclusión: "existieron irregularidades en la ejecución del dique Los Caracoles, tanto en la contratación de las empresas que tuvieron a cargo los trabajos, como en la realización de la obra".
Por eso, en el dictamen que emitieron plasmaron que es necesaria la intervención de la Justicia de San Juan para que analice el caso, ya que ellos "no cuentan con los elementos suficientes para encarar una investigación más profunda".
Además, no descartaron hacer una presentación judicial en el futuro por la cantidad de irregularidades que detectaron. Los legisladores, muchos de ellos ex aliados de Gioja, explicaron que en 2004 hubo un perjuicio fiscal para la provincia que calculan en 44.000.000 de dólares. La friolera de verdes se utilizó para el pago de avances de obra, pero las obras no se habían ejecutado.
Según detallan los legisladores, en 2004 el Tribunal de Cuentas recomendó al Ejecutivo no firmar una nueva acta con las empresas Techint y Panedile, ya que la diferencia detectada no estaba justificada. El acuerdo se firmó igual, por lo que los opositores entienden que hubo responsabilidad de las autoridades locales por no haber tenido en cuenta al Tribunal.
Una de las preguntas que surge al conocerse este caso es ¿Por qué Contaduría General del Tribunal de Cuentas no hizo públicas las irregularidades y dio a conocer las escandalosas cifras pagadas mientras no se concretaba la obra?
Por su parte, los miembros de la comisión investigadora que pertenecen al peronismo opinan diferente, ya que firmaron un dictamen mayoritario sosteniendo que no encontraron fallas en los documentos analizados. En el escrito incluye al dique y al resto de las obras auditadas, tal el caso de la Ruta 150, el Teatro del Bicentenario y el Centro Cívico.
La comisión de Seguimiento de la Obra Pública se creó en noviembre de 2017, por iniciativas de la oposición. Está integrada por legisladores opositores y oficialistas del peronismo. Se creó luego de que el exministro de Planificación de Cristina Kirchner, el ahora presidiario Julio De Vido, hiciera pública una carta dirigida a al exgobernador Gioja. En la lacerante epístola el delincuente de De Vido, detenido por presunta malversación de fondos, administración fraudulenta y sobreprecios, puso en duda las tareas ejecutadas en la provincia con fondos nacionales cuando El Vale Todo Gioja era gobernador.
Los Caracoles, un dique que avanzó lento
Los Caracoles es una de las principales obras de la historia de San Juan. Los trabajos se licitaron en 1996, bajo la gestión de Jorge Escobar, uno de los mandatarios más sospechados de corrupción en la historia de la provincia.
El proyecto original concebía la construcción del embalse Los Caracoles y Punta Negra. Quien ganó la licitación fue la firma norteamericana AES junto a la mexicana ICA.
Las obras de desvío del río comenzaron dos años más tarde, en 1998. Durante la gestión de la Alianza, el exgobernador Alfredo Avelín tuvo que reducir tareas y terminó modificando el contrato inicial con las empresas. El proceso derivó en un largo litigo y, luego de varios años de incertidumbre, en 2004 Gioja acordó con todas las partes no ir a juicio por los cambios y adjudicar los trabajos de manera directa a la UTE Techint - Panedile, ambas subcontratistas de AES.
Según explicó la Diputada Laciar y el Diputado de Dignidad Ciudadana, Fernando Moya, cuando firmaron el nuevo acuerdo, las tareas de desvío del río tenían un avance correspondiente a 74 millones de dólares, pero la provincia había destinado 118 millones. Incluso sostienen que "el ingreso de Techint fue irregular".
Para el resto de las obras auditadas, la Diputada Laciar, de la oposición, indicó que hay una incertidumbre ya que "desde Infraestructura no se remitieron todos los certificados de pagos de redeterminación, por lo que no sabemos cuánto es lo que terminamos pagando. Esa falta es una irregularidad administrativa y lo hemos hecho saber en el dictamen".