Un informe de la AFIP podría ser la llave para que el juez federal de Quilmes Luis Armella avance sobre el campo del automovilismo en la megacausa de las facturas truchas.
San Juan 25/10/2018 - RedacciónSJ
Desde hace cuatro meses el organismo recaudador realiza un entrecruzamiento de datos entre los equipos de competición del Turismo Carretera de todas las categorías, los pilotos, las empresas patrocinantes y la red de facturas apócrifas.
Los investigadores buscan profundizar la información sobre qué pilotos usaron facturas truchas y cuál es la responsabilidad de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).
Hasta ahora la justicia comprobó que Claudio Gómez, uno de los jefes de la banda, le vendía facturas truchas a los pilotos. Las mismas estaban, en su mayoría, a nombre de personas de bajos recursos.
Esas facturas eran a su vez entregadas a los pilotos a cambio de auspicios en sus vehículos de carrera. Es que para poder competir y costear sus carreras los pilotos se conseguían sus propios sponsors, a quienes le daban las facturas apócrifas que eran utilizadas por las empresas para evadir impuestos.
De este modo, los pilotos funcionaban como “nexo” entre la banda y las empresas.
Es decir, la red prestaba la logística para que otras personas evadan. Hasta la fecha se ha detectado su utilización por parte de 3.500 contribuyentes inscriptos en diversas jurisdicciones de la AFIP.
Estas maniobras pudieron lograrse mediante el cómputo de créditos fiscales en el impuesto al Valor Agregado, originados en documentación que intentaría respaldar compras, prestación o locación de servicios sobre la cual no puede establecerse que corresponden a “operaciones efectivamente realizadas” efectuadas con proveedores. Se observó que esos proveedores tenían una carencia de estructura o capacidad operativa y/o financiera y su consecuente deducción de gastos espurios en el impuesto a las ganancias a fin de disminuir el monto de la ganancia sujeta a impuesto, en tanto que resultan de dudosa existencia.
La relevancia de esta investigación no sólo estaría circunscripta a la actualidad de la maniobra y de la cantidad de usuarios que la utilizan sino que también es por demás destacable el perjuicio fiscal que conlleva la operatoria denunciada: entre 2014 y 2017, el total de facturación bruta de las usinas apócrifas ascendió a la suma de 4 mil millones de pesos. Pero ese monto se amplió hasta llegar a los 5.000 millones.
El destino del dinero producido fue a parar a la compra de tres departamentos en Puerto Madero, cinco casas en Pinamar, dos Polaris, cuatro cuatriciclos, un jet ski, un Range Rover Evoque, dos fusiles y otras armas de fuego y municiones, dos casas en countries, más de 70 propiedades en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires (departamentos y casas), dos propiedades en Miami (una figura que la compró a cien dólares), un predio de tres hectáreas en Lomas de Zamora con 32 camiones y 10 semi remolques, un campo en Canning, Ezeiza, de 20 hectáreas, una inmobiliaria y una cadena de comida “Hamburguesería” y más de cien autos de alta gama.
Hasta el momento, la justicia recuperó más de 100 vehículos, motos, camiones y varios inmuebles de los mencionados.
Estos bienes son investigados como producto del lavado de dinero proveniente de distintos delitos, principalmente a través de las facturas generadas por Claudio Gómez, uno de los cabecillas de la banda. En esta segunda etapa del expediente la el juez Armella puso la lupa en las presuntas maniobras de lavado de dinero.
Heber Russo, cuyo patrimonio personal es de al menos 600 millones de pesos, fue indagado acusado de liderar una asociación ilícita y por lavado de dinero a través de sus testaferros. La semana pasada declaró durante más de siete horas. A raíz de su declaración, el juez Armella pidió la indagatoria de su familia por ser sus presuntos testaferros.
En los próximos días podría haber novedades de fuerte impacto en el mundo del automovilismo.
Además, esta megacausa - que lleva 14 detenidos y tiene 300 cuerpos- podría ser un insumo para que el Estado cuente con indicadores para enfrentar el flagelo de una economía en negro que contribuye a asfixiar las magras arcas del fisco que, consecuentemente, a la hora de buscar tributos apunta siempre a los sectores “cobrables”.
El caso revela cómo la imaginación está al servicio de la evasión y como las agencias públicas deben desarrollar mecanismos para prevenir y sancionar este tipo de comportamientos.
Fuente A24.com
