MINERÍA
Derrame de Barrick: la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Jorge Mayoral

La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de otro sanjuanino ilustre: el exsecretario de Minería, Jorge Mayoral. Es por el derrame de cianuro de Barrick en Veladero.




Por Ernesto Simón - El accidente ambiental ocurrió en 2015, cuando el Gobernador de San Juan era el cómplice de las mineras, José Luis Gioja y el cipayo Jorge Mayoral era Secretario de Minería de la Nación. El fallo es histórico, porque le otorga responsabilidad a funcionarios nacionales en el control de minas concesionadas por las provincias. Las actuales autoridades nacionales no pueden seguir haciéndose los distraídos, son responsables del daño causado en la flora, la fauna, los ríos y, sobre todo, en los habitantes de Iglesia y Jáchal.

Para entender esta noticia, es necesario recordar que el Juez federal, Sebastián Casanello, procesó al exsecretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, por el derrame de cianuro de Barrick en la mina Veladero, situada en San Juan. En el texto del procesamiento judicial, el magistrado explicò que "mediante resolución de fecha 05 de mayo del 2016, nuestro máximo Tribunal determinó que deberá continuarse la investigación exclusivamente respecto de Sergio Lorusso –ex Secretario de Ambiente de la Nación- y Jorge Mayoral –ex Secretario de Minería de la Nación- y/o de otros funcionarios federales que pudiese corresponder”.

Asimismo, Casanello resolvió "I.- DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de SERGIO GUSTAVO LORUSSO, BEATRIZ DOMINGORENA y JORGE OMAR MAYORAL".

En ese sentido, los sindicó como "autores del delito de abuso de autoridad (art. 248 in fine y 45 del Código Penal de la Nación y art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación)". El dictamen citado es el que acaba de ser confirmado por los jueces de Cámara Leopoldo Bruglia y Martín Irurzum, quienes dejaron en claro el procesamiento del exsecretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y del extitular de la cartera de Ambiente, Sergio Lorusso, por omitir controles en la mina de oro Veladero, situada en Iglesia, departamento de San Juan.

El juicio se lleva adelante tras el feroz derrame de cianuro ocurrido durante los días 12 y 13 de septiembre de 2015, cuando todavía Josè Luis Gioja era Gobernador de San Juan. Cabe señalar que en abril de 2018, ambos exfuncionarios del gobierno kirchnerista fueron procesados sin prisión preventiva por el Juez federal Sebastián Casanello. En aquel entonces, el magistrado especificó en su fallo que los exfuncionarios tenían un “poder de intervención” con obligaciones de control que no ejercieron.

Además explicó que a pesar de que la actividad era "altamente riesgosa" ya que se utilizaba cianuro para extraer oro. El juez afirmó que "la empresa se controlaba a sí misma". El delito de abuso de autoridad por el que fueron procesados los atorrantes de Mayoral y Lorusso, está penado con prisión que va desde un mes a dos años para el funcionario que "no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Es preciso recordar que los afluentes del río Potrerillos, donde está el emprendimiento Veladero, llegan al río Jáchal que desemboca en el río Bermejo, cuyas aguas finalmente llegan al Desaguadero. Estas características hacen que la causa sea federal, "porque excede la jurisdicción de San Juan ya que el recurso hídrico es compartido entre La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y La Pampa", explicó el Juez Casanello. Según Casanello, el “retraimiento del Estado permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que, por su enorme riesgo, debía ser objeto de un profundo y minucioso control".

Es por ello que ordenó trabar embargo contra el patrimonio de los procesados. Puntualmente solicita "MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de SERGIO GUSTAVO LORUSSO y JORGE OMAR MAYORAL por la suma de $ 2.000.000 (dos millones de pesos), respectivamente, debiendo formarse para ello el incidente correspondiente (art. 518 del CPPN)". Esta denuncia se inició tras el primer derrame de cianuro en la mina Veladero, en septiembre del 2015. La Asamblea Jáchal No Se Toca es querellante en la causa y el abogado que representa a la organización ciudadana es Diego Seguí.