El documento hace una descripción de los edificios (casa de gobierno, ministerio de Economía, Caja de Previsión Social, MAS, etc) y califica a la medida implementada por los jubilados de “un plan intencional” de las personas mencionadas identificadas expresamente en la nota, no solo con nombre, apellidos y documentos, sino a través de una detallada galería de fotografías, que podría dar a entender que el gobierno hizo una tarea de Inteligencia sobre grupo de jubilados, al cual eligieron como “blanco”, le iniciaron un seguimiento, registraron sus movimientos y anexaron sus datos para realizar la denuncia.
Sin decir en ningún lado, que los jubilados estaban en protesta exigiendo que les pagaran los sueldos atrasados hasta en tres meses, el Fiscal de Estado ataca directamente al grupo con la siguiente calificación “Es importante destacar a VS que la responsabilidad de los sujetos que indicamos como autores de los daños que han producido con sus actos, un perjuicio directo al patrimonio del Estado Provincial”, resaltando que ante cada hecho, la provincia “destinaba recursos para enmendar los daños sufridos”, información que también apoyan en la denuncia con fotografías e informes y denuncias policiales.Es por esta razón que la gobernadora Alicia Kirchner, quien en ningún momento reconoce que el génesis de la protesta fue su propio incumplimiento en el pago de las jubilaciones, demanda a la agrupación “Jubilados Unidos en Acción”, por la suma de casi $ 330.000 y pide el embargo correspondiente. Recordamos que Alicia Kirchner ha sostenido siempre, desde el inicio de su mandato, que su política no se concibe sin “los jubilados adentro”; ha promovido la vejez como el factor prioritario a atender a través de sus políticas públicas y cada vez que puede critica fuertemente al gobierno nacional por haber rebajado las jubilaciones nacionales y abandonar a la clase pasiva. Estas protestas que generaron la demanda por 330 mil pesos a los jubilados, se iniciaron porque la gobernadora hace dos años que no da aumento a las jubilaciones, las paga con atraso hasta de tres meses y cuando las abona son por goteo o con techo en los montos. De esto, el Fiscal de Estado, no hace ninguna mención en su presentación ante el Juez. A raíz de esta denuncia se abrió una causa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 a cargo del Juez Francisco Marincovic, quien ahora tiene la palabra sobre si condena a los jubilados a pagar los más de 300 mil pesos o deniga la posición del gobierno.
(Fuente: Agencia OPI Santa Cruz)
