Lo tendría decidido el juez Javier Cosentino, a cargo del concurso preventivo de acreedores de Oil Combustibles. Así, se abriría la puerta a una intervención de hecho del Gobierno para liquidar las empresas de Indalo e impedir el retorno de Cristóbal López.
LAa liberación de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa promete sumar capítulos en los frentes político, económico y judicial durante las próximas semanas y hasta meses. En lo político, las declaraciones de Mauricio Macri criticando el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña que les permitió a los dos empresarios y socios del Grupo Indalo salir de sus celdas en las prisiones de Ezeiza y Marcos Paz terminaron de encolumnar a todo el Gobierno detrás de un solo objetivo: la quiebra y desaparición como tal del holding empresario.
La visita de Alberto Abad el lunes por la tarde a la Casa de Gobierno es una señal más hacia ese objetivo. El todavía titular de la AFIP es el símbolo del ala dura del oficialismo que levanta las banderas de dicho objetivo. Y quiere dejar su cargo a fin de mes con ese legado todavía latente. Por eso, ordenó al cuerpo de abogados del ente fiscal con Rcardo Gil Laavedra a la cabeza apelar el fallo que liberó a los fundadores de Indalo, reclamo que será presentado lo semana próxima ante la Cámara de Casación. Buscará de este modo evitar el cambio de carátula de defraudación a evasión tal como quedó establecido en el fallo que liberó a ambos socios de Indalo.
En lo judicial, el enojo de Elisa Carrió y sus acusaciones sobre un pacto de impunidad empujaron a varios sectores del oficialismo a impulsar un pedido de juicio político contra los dos miembros de la Cámara que fallaron en favor de López y De Sousa. Es decir, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, mientras que Leopoldo Bruglia se opuso. También el fiscal Germán Moldes anunció que apelará el fallo de los dos camaristas y consideró que se trata de un "sobreseimiento encubierto". Pero la novedad más sobresaliente se daría en las próximas horas. Es más que probable que el juez en lo comercial a cargo del concurso preventivo de Oil Combustibles, Javier Cosentino, decida la intervención de la nave insignia del Grupo Indalo para abrir las puertas a un desembarco del Estado tanto en la petrolera como en el resto del grupo.
La decisión modificaría el status de los actuales coadministradores nombrados por Cosentino en Oil. Se trata de Carlos Bianchi, Liuba Lencova Besheva y Francisco Cárrega. Los tres fueron nombrados a mediados de agosto y tienen mandato hasta el 10 de agosto como coadministradores de Oil. Un cargo que comparten con Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, dueños del fondo OP Investment que desembarcó en Indalo en noviembre del año pasado con intenciones de reemplazar a López y De Sousa y encarar un plan de salvataje de todo el holding.
Hasta ahora, el terceto judicial no venía funcionando como una intervención sino que se dedican a investigar las finanzas y las operaciones realizadas por Rosner y Dellatorre en Indalo. Además de haberse opuesto a todos los planes presentados por ambos financistas ante la justicia para lograr oxígeno para las arcas de Oil y del resto de las empresas de Indalo. En la Casa Rosada se daba anoche tarde por descontado una orden del juez Cosentino para transformar la coadministración en una intervención de hecho que desplazaría a Rosner y Dellatorre del directorio de la petrolera y del resto de las compañías del holding que ellos rebautizaron como Grupo Ceibo.
La posibilidad abriría las puertas a una ayuda estatal y de la AFIP mas allá del cambio de carátula y del devenir judicial que le pueda esperar a López y De Sousa. Se crearía un fideicomiso que controlaría las cuentas de todo el grupo para garantizar el pago de los $17.000 millones que el ente fiscal reclama a Oil entre capital e intereses por no haber recibido de la petrolera los fondos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) entre el 2013 y el 2015.