El Consejo de la Magistratura decidió hoy remitir a la Corte Suprema un oficio para que explique el “sentido y alcance” de la acordada 4/2018, por la cual se inhabilitó al Tribunal Oral Federal 9 y se ordenó que se vuelvan a sortear los juicios que tenía asignados, entre ellos los de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.
El plenario del Consejo, convocado en forma extraordinaria, resolvió por mayoría remitir un texto a la Corte solicitando precisiones en su acordada, además de proponer que los haberes de los jueces del Tribunal Oral Criminal (TOC) 10, convertido en Tribunal Oral Federal (TOF) 9 por el Consejo de la Magistratura, sean cubiertos por la Cámara del Crimen hasta tanto se resuelva su situación. La única disidencia en la votación fue la del consejero diputado Rodolfo Tailhade quién denunció que “hace dos años se vienen armando tribunales especiales para juzgar a la ex presidente” y que el TOF 9, sin estar habilitado, condenó a cuatro años de prisión efectiva a un ciudadano por un delito federal. Con el objetivo de armonizar las acciones y la comunicación con los órganos del Poder Judicial, el presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, inició una gestión ante la Corte Suprema para propiciar una reunión entre los ministros y los consejeros la semana próxima, a partir de una iniciativa del senador Juan Pais. Dentro del bloque de consejeros afines al oficialismo, el diputado Pablo Tonelli expresó la postura más autónoma cuando se pronunció por no remitir ninguna consulta a la Corte, entendiendo que lo actuado por el Consejo en la transformación de juzgados ordinarios en federales se ajustó a derecho, y propuso sólo resolver la consulta de la Cámara Federal de Casación Penal sobre quién se encarga de los jueces del TOF 9. El radical Mario Negri recordó que la Ley 27.307, de Fortalecimiento de los Tribunales Orales, mediante la cual se transformó el TOC 10 a TOF 9, “no fue declara inconstitucional y fue votada por amplia mayoría en ambas cámaras, lo cual la reviste de una gran legitimidad”.